Juicio en Yateras por extracción ilegal de oro

Por Redacción Nacional

Guantánamo.- Cinco ciudadanos del municipio Yateras recibieron sanciones del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo bajo el cargo de “contaminación de los suelos”.

A los acusados, que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en Piedra la Vela, en las márgenes del río Toa, le dieron penas de entre un año y seis meses y dos años y siete meses de privación de libertad.

Las autoridades presentaron el caso como un juicio ejemplarizante, parte de las campañas del régimen contra lo que denomina ilegalidades y conductas antisociales.

Durante la vista oral se expusieron pruebas documentales, testificales y periciales que, según la Fiscalía, confirmaban la culpabilidad de los procesados. El tribunal aplicó además sanciones accesorias como la confiscación de instrumentos de trabajo, la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del país. Estas medidas revelan, una vez más, el uso del sistema judicial no solo para sancionar delitos, sino para reforzar el control político sobre la vida de los ciudadanos.

Siguen violando los derechos fundamentales

Más allá de la condena carcelaria, el castigo incluye limitaciones de carácter civil y migratorio, lo cual constituye un mecanismo recurrente del Estado cubano para mantener bajo vigilancia y represión a quienes son considerados transgresores. La prohibición de solicitar pasaporte o salir del territorio nacional durante el cumplimiento de la pena ejemplifica cómo la dictadura amplía las sanciones más allá del delito específico, afectando derechos fundamentales.

Las autoridades destacaron que el juicio se realizó cumpliendo con las garantías procesales y el respeto al debido proceso establecido en la Constitución. Sin embargo, en Cuba no existe un sistema judicial independiente; los tribunales están subordinados al poder político, lo que convierte estas declaraciones en meras justificaciones propagandísticas. El régimen utiliza estos procesos para transmitir una imagen de legalidad, cuando en realidad se trata de un aparato al servicio del control social.

El caso de Yateras es vinculado por el gobierno al llamado IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, un evento que involucra a las organizaciones políticas y de masas, junto con el Ministerio del Interior. Este enfoque muestra que los procesos judiciales no se entienden en la isla como un asunto independiente de justicia, sino como parte de campañas políticas dirigidas desde arriba. En lugar de garantizar derechos, los juicios se convierten en herramientas ejemplarizantes con las que la dictadura refuerza su dominio sobre la sociedad.