La voz de la mentira

Por Luis Alberto Ramirez ()

Cuba continúa siendo uno de los últimos reductos de la extrema izquierda en el mundo, un régimen que se aferra a un modelo político agotado y que, para sostenerse en el poder, recurre a mecanismos de control social y judicial propios de una dictadura. Uno de los más cuestionados es la figura del “delito predelictivo”, una aberración jurídica que permite encarcelar a ciudadanos no por hechos concretos, sino por lo que piensan o podrían llegar a hacer.

Un caso reciente confirma esta práctica represiva. La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba condenó a 14 años de cárcel a la activista Ana Ibis Tristá Padilla, esposa del preso político del 11J Damián de Jesús Echavarría. Según la sentencia, a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la sanción responde a supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.

La magnitud de la condena revela la naturaleza del régimen: castigar el disenso como si se tratara de un crimen grave. Sin embargo, mientras se imponen estas penas desproporcionadas, el discurso oficial recurre a la negación sistemática. Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla y otros funcionarios del régimen, cada vez que son cuestionados en foros internacionales, niegan rotundamente la existencia de presos políticos en Cuba. Más aún, el propio presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, ha declarado públicamente que en la isla “nadie es encarcelado por pensar diferente ni por exigir sus derechos”.

¿Cómo pueden sostener esa narrativa?

La contradicción es evidente: ¿cómo puede sostenerse tal narrativa frente a las pruebas, testimonios y sentencias que documentan una represión constante? La respuesta radica en la estrategia propagandística del castrismo: negar la violación de derechos humanos para sostener la fachada de “Estado socialista de derecho”, mientras en la práctica se persigue cualquier manifestación de oposición.

El caso de Ana Ibis Tristá Padilla no es aislado, sino parte de un patrón histórico que incluye a cientos de cubanos que hoy cumplen largas condenas en prisión por motivos políticos. El régimen lo sabe, pero prefiere negar la realidad porque admitirla equivaldría a desmontar el mito de legitimidad que aún intenta sostener ante el mundo.

En definitiva, la pregunta inevitable es: ¿por qué niegan con tanta vehemencia lo que es inocultable? La respuesta es simple: reconocer que en Cuba se violan los derechos humanos de manera sistemática dejaría al descubierto la verdadera naturaleza del sistema, un modelo que necesita el silencio y la mentira para sobrevivir.