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Por David Esteban Baró ()
La Habana.- Por lo visto, ejercer como médico cubano en el extranjero no depende solo de la vocación o del título universitario. Depende también —y sobre todo— de cuánto estés dispuesto a pagar por tu libertad profesional.
Lo dirige con mano de hierro (y billetera abierta) Marco del Risco del Río, director de Capital Humano del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Un burócrata que, desde su oficina bien climatizada, decide si un médico puede o no ejercer en el extranjero. No basado en méritos, ni ética, ni experiencia, sino en billetes. Euros o dólares, da igual: la Revolución también acepta divisas.
A los cubanos en el exilio les exigen lo que llaman “la inhabilitación”, un certificado de Trayectoria Laboral que en teoría debería entregarse sin mayores trabas.
En la práctica, es un trámite secuestrado, utilizado como carnada para extorsionar a quienes ya han escapado de la isla, pero no de sus tentáculos administrativos.
¿Quieres ejercer tu profesión dignamente en el exterior? 1500 euros por la firma del inhabilitado si pagas desde fuera. Si estás en Cuba y quieres legalizar los papeles para marcharte, el “servicio” sube a 1700 euros, porque claro, todavía puedes ser castigado “legalmente” por tener aspiraciones.
Ahora, si eres especialista -digamos, cardiólogo, neurocirujano o cualquier profesional que costó años de formación al Estado cubano—, la tarifa sube: 5000 dólares.
Un precio que no está en ningún arancel oficial, pero sí en el mercado negro institucional, donde Marco del Risco y su mafia operan con total impunidad. Porque en Cuba, la corrupción no se esconde: se viste de uniforme y ocupa cargos públicos.
Durante décadas, el Gobierno cubano se ha llenado la boca hablando del “ejército de batas blancas”, de la “solidaridad médica”, y de que exportan salud y no guerra.
Pero tras bastidores, a los propios médicos que forman ese ejército se les trata como mercancía. Rehenes de una burocracia que les exige pagar por su libertad profesional, como si se tratara de una licencia para respirar.
Y mientras tanto, el proceso de homologación en países como España, que según el Real Decreto 889/2022 debería resolverse en seis meses, se convierte en una odisea de dos a tres años, gracias a la opacidad, las trabas, la ineficiencia y el silencio cómplice de las autoridades tanto cubanas como españolas.
Frente a esta situación, cientos de profesionales cubanos han decidido alzar la voz. Nació así la Asociación de Médicos Cubanos en España (AMCUBE), formada por médicos, enfermeros, farmacéuticos, odontólogos y psiquiatras que se cansaron de ser tratados como esclavos del sistema.
Una asociación que no solo exige agilidad en los trámites, sino también respeto, dignidad y justicia. Porque nadie debería pagar un soborno para ejercer su profesión. Porque el conocimiento no debería depender de un sello ministerial mafioso. Porque la salud no debería ser rehén de un régimen que luce socialista, pero actúa como un cártel.
Mientras Marco del Risco del Río siga en su trono, vendiendo firmas como si fueran permisos de salida del infierno, Cuba seguirá siendo una cárcel para sus profesionales. Una cárcel sin barrotes, pero con muchos burócratas.
Y a todo esto, ¿dónde está el Ministerio de Justicia? ¿Dónde está el sistema “ético” de la Revolución? Quizás también esperando su parte del botín.