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Por Redacción Nacional
Sancti Spíritus.- El Tribunal Popular de Sancti Spíritus condenó este miércoles a entre diez y veinte años de cárcel a cuatro directivos de una empresa estatal. Fueron acusados de actos de malversación que provocaron pérdidas de casi cien millones de pesos (unos 4,1 millones de dólares al cambio oficial para personas jurídicas).
Un reporte del periódico local Escambray señala que «el incumplimiento de procedimientos internos que rigen la contratación económica con formas de gestión no estatal (privadas) y otras irregularidades», ocasionaron cuantiosos daños a la Empresa de Suministros Agropecuarios de Sancti Spíritus.
Sobre los hechos que promovieron el proceso judicial, la nota se refiere que entre 2023 y 2024. En dos ocasiones la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna, ubicada en un almacén de la entidad, sufrió desperfectos. Esto ocasionó una afectación por más de tres millones de pesos (unos 125.000 dólares).
A lo anterior se sumó una afectación superior a 94 millones de pesos (3,9 millones de dólares). Según la nota, un trabajador privado se presentó ante la empresa con el fin de concertar un contrato para compras de productos. Se accedió -con incumplimiento de las normas- a que se llevara productos «sin el desembolso monetario de su valor», que «no fue posible recuperar». Esto se debió a que el ciudadano salió del país.
El reporte detalla que la directora general de la empresa hasta abril de 2024 tiene una condena de veinte años de cárcel en «sanción conjunta y única». Mientras tanto, otros dos directivos del área comercial recibieron sanciones de dieciocho y dieciséis años, respectivamente.
Por su parte, un asesor jurídico, recibió una sentencia de diez años de cárcel.
En el juicio, de dos días de duración, también sancionaron como «partícipe» en los hechos el anterior director general de la entidad. Recibió una pena de dos años y seis meses de privación de libertad, que fue subsidiada por trabajo correccional con internamiento por igual término.
Así mismo, la nota subraya que los cinco funcionarios «fueron declarados culpables por un delito de malversación», y que estas sanciones «no son fallos firmes». Esto es porque las partes «tienen el derecho de recurrir ante el Tribunal Supremo Popular si lo consideran pertinente».
Cuba atraviesa una profunda crisis económica en los últimos cinco años. Esto se debe a los efectos de la pandemia y su combinación con la caída del turismo, el resquebrajamiento del sector energético, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en las políticas económicas y monetarias. (EFE)