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Tribunal de EE.UU. permite avanzar demanda contra American Airlines por operar en aeropuerto expropiado en Cuba
Robert Prat ()
Miami.- Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. revocó este jueves el sobreseimiento de una demanda contra American Airlines. Esta demanda es por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, una propiedad expropiada por el Gobierno cubano en 1959. Esto podría sentar un precedente para casos similares.
El demandante, José Ramón López Regueiro, ciudadano cubanoestadounidense y heredero de los derechos de la antigua Compañía Aeroportuaria Internacional S.A. (CAISA), alega que la aerolínea se ha beneficiado económicamente al utilizar instalaciones confiscadas sin el consentimiento de los dueños originales.
La demanda fue presentada bajo el Título III de la Ley Helms-Burton —activado en 2019 por el expresidente Donald Trump—. Busca compensación por el uso de propiedades nacionalizadas tras la Revolución cubana.
Reversión judicial
Aunque un juez federal desestimó inicialmente el caso en 2022, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó la decisión. Ordenó que el proceso continúe porque argumentó que la demanda cumple con los requisitos legales para ser evaluada.
El fallo podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones contra empresas extranjeras que operen en propiedades confiscadas en Cuba, especialmente aerolíneas y compañías turísticas.
Implicaciones legales
La Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996 pero con su Título III suspendido durante décadas, permite a ciudadanos estadounidenses demandar. Pueden demandar a quienes «trafiquen» con bienes expropiados por el Gobierno cubano.
American Airlines, que opera vuelos regulares a La Habana desde 2016, no ha comentado públicamente el fallo. Sin embargo, la aerolínea podría enfrentar un litigio prolongado que, de prosperar, afectaría sus operaciones en la isla.
Contexto histórico
El Aeropuerto José Martí, la principal terminal aérea de Cuba, fue expropiado en los años 60 junto a otras empresas privadas. Este caso es uno de los primeros en avanzar judicialmente bajo la aplicación plena del Título III. Marca un hito en las demandas de exiliados cubanos por propiedades confiscadas.
El tribunal aún no ha fijado fecha para el siguiente paso procesal. Sin embargo, el fallo ya reactiva un debate legal y político sobre la compensación a antiguos propietarios. También impacta las relaciones comerciales con Cuba.
