Carlos Cabrera Pérez
Majadahonda.- El gobierno está renovando su arsenal represivo, con medios antimotines rusos, en previsión de un posible estallido de descontento popular por la carestía de la vida y los apagones, informó a EL VIGÍA DE CUBA un alto oficial del Ministerio del Interior (MININT), que exigió el anonimato.
Todas las operaciones vinculadas al reforzamiento de medios coercitivos se están realizando de noche para intentar “evitar que el pueblo y los periodistas independientes se enteren”, señaló.
“La Brigada Especial, basificada en el Bosque de La Habana, ha renovado su parque antimotines con dos ballenas, vehículos propulsores de chorros de agua a presión para atacar a manifestantes, nuevas bombas antimotines y sus efectivos asisten a cinco horas diarias de preparación política para reforzar su moral”, precisó.
La represión contra el 11J rebajó la tensión, pero ha quedado “entre algunos de nosotros la sensación de que actuamos mal, cuando reprimimos al pueblo”, en cumplimiento de órdenes superiores y ese “malestar abarca a oficiales y miembros de la Brigada Especial” y otras fuerzas antimotines, distribuidas a lo largo de la isla, apuntó.
La distribución de la carga represiva, en los tres ejércitos, comenzó este domingo, desde la Base de retaguardia del Minfar, conocida como El polvorín, en las afueras de Bejucal, provincia de Mayabeque, adonde llegó escoltada por un convoy de Boinas rojas, que también controlaron la operación de descarga, en el antiguo muelle de buques caza submarinos, en el Distrito naval occidental, ubicado en el puerto artemiseño de Cabañas, en el municipio de Mariel.
El cargamento represivo llegó a Cuba a bordo de un barco de bandera somalí, procedente del puerto ruso de Novorosíisk, en el Mar Negro. El Vigía de Cuba no ha podido determinar si se trata de un navío alquilado con bandera de conveniencia o de propiedad cubana con falso abanderamiento.
En los dos últimos años, el Ministerio del Transporte ha reiterado las dificultades que enfrenta para encontrar barcos que quieran operar con Cuba, debido a las restricciones que impone el embargo estadounidense a las navieras que transportan mercancías a la isla, incluido el combustible y por los impagos que acumula el estado, desde el otoño de 2019.
La distancia entre Cabañas y Bejucal es de 74 kilómetros y medio, que la caravana de camiones militares cubrió en algo más de dos horas, por las restricciones de ese tipo de operación; incluido la de evitar; en lo posible, atravesar poblaciones medianas o grandes.
El 9 de octubre, a la una y media de la mañana, salieron del Polvorín los nuevos medios represivos destinados a la Brigada Especial, basificada en el Bosque de La Habana, junto a otras unidades catalogadas como Reserva del Alto Mando (RAM) y este domingo, también de noche, las cargas destinadas a los ejércitos Central y Oriental.
El Vigía de Cuba confirmó este lunes, con fuentes alternativas, que desde el jueves 10 de octubre se alteró la rutina de la Brigada Especial en el Bosque de La Habana, donde se apreció un incremento de las medidas de seguridad y la entrada y salida de vehículos pesados.
La fuente no precisó si la dotación para el Ejército Occidental incluye solo a la Brigada Especial o tiene otros destinos, pero aseguró que la primera escala del convoy se produjo la madrugada de este lunes en la Base de Retaguardia, conocida como San Miguel, en Matanzas, y que luego continuará viaje; siempre de noche y escoltada, hasta Holguín, donde dejará los medios rusos antimotines para la región oriental que, militarmente, que incluye a Camagüey.
DOCTRINA REPRESIVA, DESCONTENTO Y PUGNAS
La Contrainteligencia (CI) “ha evaluado que persisten las condiciones para otro estallido popular”, debido al grave deterioro de la situación general, aunque los compañeros no pueden precisar el momento ni las características de la sublevación, reveló el alto oficial.
En paralelo, “existen criterios de compañeros del Minrex (Ministerio de Relaciones Exteriores) y del partido (comunista) sobre los riesgos e inconvenientes de tener que asumir una represión brutal, pero el alto mando no dudaría en reprimir violentamente cualquier estallido como el del 11J” (11 de julio de 2021), advirtió.
Tres años después del estallido del 11J, el gobierno se encuentra en una coyuntura complicada porque las causas que provocaron aquel aldabonazo popular se han agravado, los ciudadanos no atisban mejoras en sus vidas, el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel está muy cuestionado y se han recrudecido las contradicciones entre la casta militar -que controla el sector exterior de la economía- y el sector moderado del tardocastrismo que defiende asumir las aplazadas reformas “imprescindibles” para provocar una mejora sustancial de la vida de los cubanos.
Recientemente, el economista Juan Triana Cordoví avisó que Cuba necesitará un siglo y medio, es decir, 150 años, para recuperar el dos por ciento de la reducción del PIB que sufrirá este año.
Pero en el sector militar también hay grietas debido al aumento de peticiones de bajas de la Contrainteligencia y de la policía y un número indeterminados de represores rehúsa apalear y disparar contra los descontentos; le negativa reiterada del mando a conceder las bajas ha generado frustración y descontentos en la oficialidad y sus familias.
Los efectivos militares que se niegan a masacrar a sus paisanos recuerdan, en sus argumentaciones ante sus mandos, una frase atribuida al general de ejército (r) Raúl Castro Ruz, que vinculó el fin de la revolución al momento en que sus subordinados dispararan contra el pueblo.
Para intentar mantener unidas las filas represoras, la jefatura del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far), a la que está subordinada el Minint, rescató un viejo plan del fallecido general de división Senén Casas Regueiro para dotar de mejores condiciones de vida y salarios a jefes y oficiales, pero el colapso económico de Cuba echó por tierra la estrategia gubernamental y los servidores públicos están viviendo la paradoja de que sus familias viven peor, mientras que la de emigrados reciben dólares y euros, que alivian su día a día.
Hasta el momento, excepto conatos de rebelión en Nuevitas (Camagüey) y Santiago de Cuba, el gobierno ha disfrutado de una paz social relativa, pero no ha podido librarse de sanciones y críticas internacionales por el mantenimiento en prisión de unos 700 presos políticos, en su mayoría jóvenes que protestaron el 11J, y la oleada migratoria contra Estados Unidos, donde un triunfo electoral de Donald Trump pondría a La Habana en una situación más complicada aún.
“A lo mejor, alguien concluyó que dar leña dio resultado, pero ahora la situación es diferente porque ya el pueblo descontento sabe el riesgo que corre si se lanza a las calles, pero también valoramos que pueda hacerlo dispuesto a todo porque vivir aquí es cada vez más difícil”, reconoció el alto oficial del Minint.
Hasta el Maleconazo (1994), la doctrina represiva castrista establecía que la Contrainteligencia interna (CI) detectara focos de descontento popular y que actuara, junto al gobierno, en su apaciguamiento y neutralización, pero aquella manifestación habanera añadió a la prevención y represión selectivas, la distribución de medios antimotines, palos y machetes entre los PCs (Personas de confianza) en cuadras y barrios.
El 11J modificó la concepción gubernamental al tener que usar a militares en la represión directa de cubanos descontentos, bajo la terrible frase de Díaz-Canel de que la orden de combate está dada; un alarde que lo sepultó ante el pueblo; incluidos quienes no comparten los métodos violentos de protesta pública.
