Por Redacción Nacional
La Habana.- La administración del presidente Donald Trump ha deportado a cerca de seis mil ciudadanos cubanos hacia México durante el último año, en el marco de un acuerdo que, según documentos judiciales, no consta por escrito. La información fue revelada en una orden emitida por el juez federal William G. Young, quien solicitó al gobierno estadounidense aclarar los detalles y fundamentos legales de este mecanismo de deportación.
De acuerdo con el documento presentado por el Departamento de Seguridad Nacional, México mantiene un acuerdo “vigente” mediante el cual acepta a ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos, sin requerir documentos de viaje. Sin embargo, el propio tribunal señaló la falta de transparencia en torno a este arreglo, así como la ausencia de evidencia formal que respalde su existencia, lo que ha generado cuestionamientos dentro del proceso judicial.
El caso que motivó la intervención del juez se originó a partir de la detención de un ciudadano cubano en Boston, identificado como Jorge Juan Navarro, quien enfrenta una posible deportación a México. Navarro reside en Estados Unidos desde 1992 y cuenta con antecedentes penales, aunque no se han precisado públicamente los detalles de sus condenas.
Según los documentos del caso, Cuba no aceptaría su retorno, lo que ha llevado a las autoridades a considerar su traslado a un tercer país.
La orden judicial también expone que el gobierno estadounidense estaría basando estas deportaciones en un acuerdo previo alcanzado durante la administración de Joe Biden, el cual contemplaba que México recibiera hasta 30,000 migrantes mensuales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela bajo ciertas condiciones. No obstante, dicho programa fue posteriormente cancelado, lo que ha generado dudas sobre la validez de utilizar ese marco como justificación actual para las deportaciones.
Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado dificultades para repatriar a ciudadanos cubanos debido a la limitada cooperación de Cuba en estos procesos, especialmente en casos que involucran antecedentes penales.
Esta situación ha llevado a que muchos migrantes permanezcan durante años en un limbo legal. En paralelo, las deportaciones hacia terceros países, como México, se han incrementado y han sido objeto de disputas legales, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones y garantías ofrecidas a los deportados.
