Por María Isabel Alfonso (CubaxCuba)
Nueva York.- Este jueves 11 de julio se cumplieron tres años desde que estallaron, en diferentes partes de Cuba, protestas en que los cubanos demandaron un cambio político y económico para el país. En aquel momento, el presidente Miguel Díaz Canel apareció en la televisón nacional convocando a los revolucionarios a salir a la calle para combatir a quienes se habían unido a las manifestaciones. Sin embargo, cuando se dio cuenta del error político que significa incitar a un pueblo entero a la violencia, suavizó su retórica haciendo un llamamiento a la unidad y la paz, y comprometiéndose a llevar a cabo reformas.
Tres años después, las protestas continúan: sólo en 2022 se produjeron 692. A pesar de las promesas de cambio, unidad y “amor”, el Estado sigue controlando las revueltas por la fuerza. El lenguaje ambiguo en que han sido concebidas muchas de las regulaciones recogidas en la Constitución de 2019 facilita la criminalización de la disidencia. Un nuevo código penal introducido en el 2023, establece la publicación en redes sociales como categoría delictiva y aumenta las penas de prisión por delitos como «desórdenes públicos», «resistencia» e «insultos a los símbolos nacionales». La segunda mayor manifestación después del 11 de julio de 2021 tuvo lugar el 18 de marzo de este año, cuando cientos de personas protestaron en Santiago de Cuba y en Bayamo por la escasez de alimentos y electricidad. Esta vez, aunque el presidente reconoció que el descontento es real, añadió, una vez más, que los enemigos de la Revolución estaban aprovechando la ocasión para promover el caos.
Desde el 11J, la crisis económica se ha agravado, desencadenándose un dramático aumento de la emigración. El precio de los alimentos se ha disparado y los cortes de electricidad han ido en incremento. Una grabación de audio filtrada recientemente parecía revelar que el gobierno no implementaría el anunciado tope a los precios de los alimentos por temor a una reacción violenta del sector privado, sin embargo, el 8 de julio un tope al costo del pollo, la leche en polvo, y otros productos fue finalmente anunciado.
En enero de 2021, el gobierno puso en marcha la unificación de la moneda, eliminando el Peso Cubano Convertible (CUC), que estaba artificialmente vinculado al dólar estadounidense a una paridad de 1:1. El Peso Cubano (CUP) es ahora la única moneda legal. Tras esta reforma, la inflación y los precios han aumentado drásticamente. En la actualidad, el salario medio mensual de los cubanos ronda los 4.000 CUP al mes (el equivalente a 11 dólares estadounidenses al cambio informal).
A pesar de la unificación monetaria, se manejan ahora tres monedas básicas: el dólar estadounidense, que algunos reciben a través de las remesas; el CUP; y la MLC (moneda libremente convertible). Esta última es una moneda digital, respaldada por divisas extranjeras, que circula en tarjetas emitidas por el gobierno (cargadas por familiares en el extranjero) y que las personas solo pueden usar en tiendas en MLC, propiedad del gobierno. Las tiendas MLC, inauguradas en 2019, empezaron como puntos de venta de electrodomésticos, pero con el tiempo comenzaron a vender productos de primera necesidad a precios inflados. Durante las protestas del 11J, el gobierno etiquetó el saqueo de las tiendas MLC como «vandalismo». El problema con esta narrativa, como bien ha dicho Ailynn Torres Santana, es que no tiene en cuenta la violencia económica a la que están sometidos los cubanos de a pie.
Pocos meses después de las protestas del 11 de julio de 2021, y tras años de mucha reflexión y demora, el gobierno legalizó la propiedad de pequeñas y medianas empresas, aprobando las primeras 32 empresas privadas, o Mipymes, en 60 años de socialismo.
Pero la transición a la privatización ha sido un proceso lento y engorroso. Desde principios de la década de los 90, se legalizó una forma muy limitada de trabajo por cuenta propia, para así paliar la crisis desencadenada tras el colapso de la Unión Soviética. Luego, en 2011, con el propósito expreso de «actualizar el modelo económico», se aprobaron en el VI Congreso del PCC los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, permitiendo el empleo privado con el objetivo de construir una «sociedad socialista próspera y sostenible» mientras se «garantiza la irrevocabilidad del socialismo.» Tras aprobada la Constitución de 2019, en agosto de 2021 la Gaceta Oficial publicó nuevas leyes que permiten la existencia de «micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas y trabajo por cuenta propia»; estas entraron en vigor el 20 de septiembre del mismo año.
La aprobación de las Mypimes es significativa, sobre todo teniendo en cuenta las medidas anunciadas por la administración Biden a finales de mayo de 2024 para apoyar al sector privado cubano en expansión. Gracias a estas, los empresarios cubanos podrán tener cuentas bancarias comerciales en Estados Unidos y realizar transacciones en línea a distancia. A principios del mismo mes, Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que no cooperan plenamente contra el terrorismo, un paso necesario para la reforma antes mencionada.
«ES LA ECONOMÍA…» ¿PERO LO ES, REALMENTE?
A primera vista, estos cambios económicos parecen favorecer significativamente a la mayoría de los cubanos, pero la realidad demuestra lo contrario. Solo los que tienen familiares en el extranjero o capital suficiente pueden montar una Mipyme. Se rumorea que muchos de los propietarios de los nuevos negocios aprobados tienen estrechas conexiones con el gobierno, lo que no parece descabellado teniendo en cuenta los riesgos colaterales que implica permitir que un sector disidente o no afín a la narrativa de la revolución ostente el poder económico.
Sería fácil atribuir estos comentarios a la propaganda de derecha si no fuera porque los propios protagonistas de los mismos confirman su veracidad de manera pública. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, es propietario de algunos bares en La Habana y presume constantemente en las redes sociales de su fastuoso estilo de vida. Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro, es propietaria de la cafetería y supermercado GAIA SRL, que promociona activamente en Facebook e Instagram.
En un cruel giro de ironía, los medios de comunicación de titularidad pública -los únicos autorizados a operar en Cuba- publican anuncios pagados por las Mypimes más adineradas, que, para sorpresa de nadie, son propiedad de quienes tienen conexiones con el gobierno. Cubadebate, el portavoz gubernamental más visible, publicó recientemente un artículo patrocinado por la agencia de fotografía Cubamodela promocionando CBM Tienda, una tienda online. Tanto Cubamodela como CBM Tienda son propiedad de Alejandro Peñalver Mauri, que tiene un máster en gestión y emprendimiento por la Cranfield School of Management del Reino Unido y que también es hijo de Mayda Mauri Pérez, vicepresidenta de la empresa estatal de biotecnología BioCubaFarma.
El 26 de mayo del 2023, el gobierno aprobó la Ley de Comunicación Social, que establece que las agencias de noticias y los medios de comunicación social impresos y digitales pueden incluir publicidad, previa autorización. Dicta que los medios de comunicación son propiedad exclusiva socialista y no reconoce como legítimo el periodismo independiente. El artículo II 5.1 ratifica la exigencia de que las prácticas comunicativas se atengan a los ideales emancipadores de José Martí, Fidel Castro, Marx, Engels y Lenin. Un reciente vídeo de la estrella porno rusa Monika Fox promocionando el ron Legendario ha suscitado dudas sobre si el Estado avala este tipo de publicidad.
RAZA Y POBREZA
Una investigación pendiente – obstaculizada por la falta de transparencia de datos – exige el estudio de cuántas de las cerca de 11.000 Mypimes y cooperativas privadas y estatales activas son propiedad de cubanos de la raza negra. Sólo se puede aventurar que esta cifra es minoritaria, si es que existe. En contraste con los ostentosos estilos de vida del sector predominantemente blanco que controla la economía, los afrocubanos y otros grupos vulnerables, que viven en zonas con altos índices de inseguridad material, siguen enfrentándose a dificultades extremas para llegar a fin de mes. A pesar de la visita del presidente a algunos de estos barrios y de sus promesas de mejora, la situación ha empeorado. Como la mayoría de los cubanos que viven en el extranjero son blancos, los afrocubanos reciben menos remesas.
Las nuevas leyes antirracistas condenan explícitamente el racismo, pero en la práctica no se hace mucho por aplicarlas. Por ejemplo, como existe entre algunos la percepción de que los extranjeros prefieren relacionarse con cubanos blancos, los afrocubanos están subrepresentados de manera considerable dentro de la industria turística. En otros casos, de acuerdo a fuentes locales, en lugares como Varadero se prefiere que las plazas de animación, baile, y modelaje estén ocupadas por personas negras para así vender la imagen de la Cuba que supuestamente el extranjero viene a buscar. En muchas ocasiones estos sitios ofrecen espectáculos que caricaturizan y estereotipan la cultura afrocubana.
En los negocios privados el racismo está aún menos controlado. El año pasado, un anuncio de alquiler en Internet anunciaba un apartamento «Sólo para blancos».
Mientras florece una reciente clase acomodada en medio de las nuevas reformas, los acusados de robar en las tiendas del MLC durante las protestas -muchos de ellos afrocubanos- siguen cumpliendo largas penas de prisión. El artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la época de las manifestaciones del 11J por desacato e insulto a los símbolos nacionales, cumple condena en la actualidad, al igual que Mykel «Osorbo» Castillo Pérez.
LAS MUJERES EN PRIMERA LÍNEA
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, las mujeres han ido asumiendo progresivamente un mayor protagonismo en la esfera pública cubana. Como las estructuras de control patriarcal siguen ocupando un lugar central en Cuba, las madres y las cuidadoras son quienes llevan sobre sus hombros el peso de las tareas domésticas. En consecuencia, son desproporcionadamente afectadas por la crisis, lo cual explica que sus voces hayan sido las más escuchadas en los últimos tiempos. Además, a menudo son las mujeres las que exigen la libertad de los familiares detenidos durante las protestas, lo que las convierte en blancos de represión. Algunos han llamado a este proceso «la feminización de la protesta en Cuba» y la «feminización del liderazgo de la disidencia política cubana.»
Durante una protesta de 2022 en la que se reclamaba electricidad y agua, Esmeralda Cárdenas Hidalgo fue golpeada por un agente de la Seguridad cuando salió en defensa de una joven a la que el hombre estaba agrediendo. Mayelín Rodríguez Prado fue acusada de «sedición» y condenada a 15 años de prisión por postear en Facebook vídeos de una protesta de 2022 en Nuevitas, Camagüey. Desde el 11J, al menos 314 mujeres han sido detenidas en Cuba, y algunas de ellas sometidas a largas condenas. Algunas de las detenidas incluso son menores de edad. La adolescente Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue amenazada con ser violada mientras estaba detenida el 11 de julio de 2021 y posteriormente fue condenada por «desorden público».
Alina López Hernández frente a la estatua de José Martí en el Parque de la Libertad, Matanzas, Cuba. (Foto: Julio César García)
El caso de la historiadora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja ha captado la atención internacional en los meses más recientes. El 18 de junio, las dos mujeres fueron detenidas por la policía cuando se dirigían a participar —esta vez en La Habana— en la protesta pacífica que realizan todos los días 18 en el Parque de La Libertad de Matanzas. Cuando López Hernández preguntó por qué las detenían, la agente le respondió: «Tú sabes muy bien por qué».
López Hernández insistió en que quería saber el motivo de la detención. A continuación, la agente utilizó una técnica de barrido en sus piernas, haciéndola caer hacia atrás y golpearse la cabeza contra el camino de grava. Tres agentes la arrastraron hacia el coche patrulla y comenzaron a tirarle del cabello con violencia. La misma agente se sentó encima de Pantoja Torres, impidiéndole respirar.
Ya el 18 de abril de este año, Alina había sido agredida por fuerzas policiales cuando se dirigía a La Habana con similar propósito.
En esa ocasión López Hernández, al ser detenida en el punto de control de Bacunayagua (en los límites de Matanzas y Mayabeque), fue encerrada herméticamente en un carro patrullero, quedando sometida a altas temperaturas. Cuando pidió que bajaran la ventanilla y los oficiales no lo hicieron, López Hernández comenzó a golpear el interior del carro para que lo abrieran. Posteriormente, perfiles anónimos circularon el video, acusándola manipuladoramente de conducta violenta.
Sin embargo, a todas luces los violentos son los agresores. En aquella ocasión, las agresiones le provocaron un esguince del hombro derecho y una subluxación en el pulgar de la mano izquierda, lo cual la propia Alina denunció en su perfil de Facebook.
Tanto Alina López como Jenny Pantoja están actualmente a la espera de juicio, acusadas de atentado contra la autoridad. «Atentado» es un término semánticamente ambiguo que, en el contexto cubano, tiene la connotación de «ataque terrorista». La vaga definición de este delito en el artículo 182.1 del Código Penal de 2022 permite la arbitraria aplicación de la ley. En estos casos, de obvio corte político, el Estado cubano intenta minimizar o borrar cualquier connotación política de los hechos.
Mientras tanto, ha circulado una carta con 200 firmas, entre ellas la del cantautor Fito Páez, en apoyo a estas intelectuales. Miembros de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) enviaron también una carta apremiando al comité ejecutivo de esta organización para que condene la represión política en Cuba en general y en los casos contra López Hernández y Pantoja Torres.
«DESCOLONIZAR EL SOCIALISMO»
Tanto López Hernández como Pantoja Torres comparten ideales progresistas y socialistas y, sin embargo, se han convertido en personas non gratas para el gobierno. Lo mismo puede decirse de los sectores de la izquierda que rechazan el papel del Estado y de su brazo militar en el control de la economía. Este movimiento, que algunos han llamado la izquierda crítica, ya existía antes de las protestas del 11 de julio. En mayo de 2021 se hizo viral una imagen de Leonardo Romero Negrín con un cartel que decía «Socialismo sí, represión no». Romero Negrín fue detenido posteriormente durante las protestas del 11J, mientras defendía a un estudiante de una agresión policial.
Desde el 11J, la izquierda crítica ha hecho más visible y articulada su exigencia de poner fin a las políticas de corte neoliberal que el gobierno ha aplicado como solución a la crisis actual. Aunque el grupo es minoritario dentro del sector intelectual del país, su mensaje ha ganado cierta visibilidad. En una «Declaración por la democracia popular y el socialismo emancipador» de 2021, publicada originalmente en las redes sociales e incluida posteriormente en el volumen “Cuba 11J: Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales”, los firmantes piden el derecho de los trabajadores a tener sindicatos autónomos no subordinados a los intereses del Estado, a manifestación y a huelga. Reclaman también, en nombre de los estudiantes, el derecho a la autonomía universitaria. También han exigido una ley que contemple la libertad de reunión y han pedido a Estados Unidos que levante el embargo a Cuba. La campaña recibió el apoyo internacional de varias organizaciones anarquistas y socialistas.
Alexander Hall, estudiante afrocubano de Historia en la Universidad de La Habana y miembro de este grupo, ha hablado de «descolonizar el socialismo en Cuba» para acabar con el actual modelo «capitalista de Estado» que, en rigor, es el que está siendo impuesto a los cubanos. Al igual que Romero Negrín, Hall fue detenido durante las protestas del 11J.
El perfil socialista de este grupo no les ha protegido de la persecución gubernamental pues como se ve, algunos de sus miembros han terminado en la cárcel. En el nuevo paradigma de capitalismo de estado, liderado por los descendientes de los cuadros del partido, los derechos sindicales, las políticas medioambientales y la promoción de iniciativas colectivas no parecen importar. Esta nueva clase rica – suerte de mutación radical del «hombre nuevo» guevariano – parece estar más interesada en afianzarse económicamente -con la ayuda del favoritismo gubernamental- que en preservar el ethos socialista. Irónicamente, la izquierda crítica se ha convertido en un grupo incómodo para gobierno cubano.
No hay dudas de que el embargo afecta negativamente la vida de los cubanos. Pero las protestas, signo de la crisis económica y política que atraviesa el país, demuestran que lo que existe en Cuba (eso que sus dirigentes llaman “socialismo”, pero que no lo es) no funciona. Urge poner fin a la persecución política y ceder espacio para la implementación de modelos alternativos liderados por nuevos actores políticos.
Después de todo, a pesar de la refrendación constitucional, el socialismo en Cuba parece que puede ser revocado por sus propios líderes y sustituido por un monopolismo capitalista de estado.
Foto: YamilLage (AFP)
