Santiago de Cuba.- El Gobierno cubano, escarmentado por el sorprendente uso que los ciudadanos hicieron de sus derechos políticos en el verano de 2021, tomó rápidamente acción.

Un nuevo Código Penal llegaría después que los tribunales en Cuba ensayaron contra los manifestantes, de esa y otras jornadas de protestas, sanciones que enajenaban derechos y libertades constitucionales y convertían discrecionalmente cualquier ejercicio de ellos en susceptible de ser considerado delito.

El frenesí legislativo que continuó, con independencia del objeto a que estuviera dirigido, invariablemente cumplió la función de aportar nuevas y perfeccionadas formas de controlar y castigar a los ciudadanos por sus actos dentro y fuera del país, en lo que ha pretendido ser una suerte de vademécum progresivo y tenaz contra la autonomía y autodeterminación política de los cubanos.

Paradójicamente, mientras el Código Penal vigente tipifica como delitos la mayoría de las acciones y omisiones necesarias para lograr la ejecución de tal política, y a su ideación, organización y puesta en práctica, como un concurso ideal de delitos particularmente graves, la Constitución delimita la responsabilidad en ellos a partir de un enunciado de la unicidad y supremacía política.

A menudo se suele creer que contradicciones de este tipo son, en cualquier época y circunstancia, una trama común y además exitosa de la historia del desprecio, la exclusión, la persecución y la obliteración política.

En realidad, casi invariablemente, es un recordatorio de la inutilidad y el fracaso de la impunidad como recurso del poder.

Puede tomar un tiempo y alcanzar incluso los límites vitales de una generación, pero todo poder crea precisamente en su necesidad y esfuerzo por lograr la impunidad, las condiciones inaplazables de su condena y la de sus actores.