Por René Fidel González
Santiago de Cuba.- Es difícil que cuando se haga el balance de los tiempos actuales, el lustro que se inició en 2020 no sea calificado como el periodo de gestión y responsabilidad gubernamental en el que ocurrió el mayor desastre humanitario de la historia de Cuba.
Las sociedades son siempre eficientes en sobreponerse a eventos o a procesos catastróficos, los superan, aun cuando ellos hagan retroceder por un tiempo las estructuras y los recursos de la civilización que estaban disponibles.
La tarea de la generación política que entre en escena en Cuba después del remonte de ese momento será entender y socializar la explicación de los factores que fueron influyentes y finalmente determinaron que ese desastre fuera inducido desde el Gobierno sin resistencias institucionales y sociales.
Esa explicación deberá proporcionar a la sociedad cubana las bases conceptuales y axiológicas de los recursos, la cultura política y las prácticas civilizatorias necesarias para impedir que se vuelva a repetir la concentración y combinación de poder, fuerza e impunidad que permitió e hizo indetenible infligir tanto sufrimiento, pérdidas de vidas y el masivo descalabro y la disfunción de los proyectos de vida de varias generaciones de ciudadanos cubanos; para evitar que otra vez en Cuba sea posible pervertir y desmantelar el sistema político de la sociedad y al Estado y sus estructuras de concreción y provisión de derechos como parte de acciones ejecutivas y de poder; y para que nunca más en las secuencias previas, coetáneas o posteriores al desastre, un sistema jurídico dependa tanto de sus operadores, de su venalidad, corrupción e indiferencia, como para que los ciudadanos puedan ser expoliados de sus derechos y libertades, como si estos no fueran los bienes públicos inherentes a la plenitud de su dignidad y felicidad.
