Por Yoel Arias Hernández ()
La Habana.- Este último pleno del PCC casi hace un llamado a la austeridad y declara lo serio de la crisis actual pero sin dar luz sobre sus posibles pasos.
Desde los sucesos que rodearon el juicio, o la farsa aquella, a Alina Bárbara López Hernández he querido comentar sobre todo lo ocurrido con Jorge Fernández Era y Jenny Pantoja Torres pero no había tenido tiempo. Este 18 de diciembre con las acostumbradas protestas pacíficas de estos dos últimos me dio el pie necesario.
A Alina hoy no le acosaron en Matanzas pero a Jorge y Jenny sí se les impidió salir a la calle. Personal para impedirles la movilidad les fueron asignados y casi 10 personas, con salario del presupuesto del Estado, estuvieron a jornada completa dedicados, increíblemente, a violar la ley.
A la luz de lo que se reconoció en este último Pleno, uno pensaría que la coherencia gubernamental sería palpable, creíble, pero no es asi. ¿Qué puede representar unos miles de CUP malgastados en comparación con la violación de derechos y la manera burda con que se releen las leyes para usarlas en beneficio de causas espurias?
Días antes de finalizar noviembre tuvo lugar el pospuesto juicio contra Alina Bárbara, dizque violó la ley. La propia causa movería a risa,si no fuese tan seria y encima la excusa para no hacer coincidir la fecha pactada con cierta cita en Naciones Unidas o la visita de cierto enviado del parlamento europeo, ambos vinculados al cumplimiento en Cuba (o por Cuba) de los derechos humanos, también fue grotezca.
Nada, el día de marras, desde muy temprano, el dinero del presupuesto nacional corría a raudales para ser malgastado en garantizar el «ambiente adecuado» para aquel juicio. Matanzas se militarizó y controles de acceso a la ciudad se hicieron notar. Decenas de personas allegadas fueron privados de documentos de identidad, de movilidad, incluso fueron conducidos sin su consentimiento largas distancias, siempre en dirección opuesta a la Atenas cubana.
Jorge que ya estaba allí fue impedido de acompañar a Alina y fue traladado hasta La Habana en auto, con intercambio en Guanabo, acompañado de un total de ocho agentes. Combustible, del bastante escaso para transporte sanitario, empleado en un solo disidente, ni que fuera el Chapo Guzmán cubano.
Con Jenny sucedió casi lo mismo, a diferencia de que solo puso un pie en el andén fue detenida, arbitrariamente, retenida su identificación y trasladada en reversa hacia la capital de la misma forma que Jorge, idéntico gasto mediante.
Cualquier cubano de a pie está más al tanto de la situación real de la economía, la política y la sociedad cubanas que el más atento de nuestros dirigentes. Los que han sufrido limitación de movimiento u otros tipos de medidas arbitrarias que conlleven la utilización de empleados del Estado en esas funciones, tienen una idea de cuántos recursos gasta el gobiermo en subvertir la protesta, la disidencia, en momentos en que cada centavo debiera ser valorado antes de gastarlo en algo tan improductivo. Dinero del pueblo empleado en limitarle sus propios derechos, el colmo de la ironía.
Esperaría que estas prácticas cesaran, digo, esperaría coherencia del poder, esperaría que fuesen consecuentes con el discurso público pero creo que sería esperar demasiado de quienes, a pesar de haberlo pregonado, no pudieron lograr un 2023 mejor que el 2022, ya los números se los están recordando. De quienes, luego de mucho esperar, decretan el fallecimiento del Ordenamiento, cuando hacía ya buen rato que apestaba, no es que confiemos que tengan palabra.
