Por El Estado como tal
La Habana.- La clave “técnica” de un programa de estabilización macroeconómica sería reducir sustancialmente el déficit presupuestario como por ciento del PIB. Una posible clave “legislativa” sería que el parlamento exigiese al gobierno más de una variante de presupuesto para poder decidir.
Es imprescindible llevar los recientes déficits superiores al 10 por ciento del PIB a déficits como los de 2009-2015 que tuvieron un promedio anual de 3,3 por ciento del PIB. Exigiría decisiones políticas bien ponderadas para poder hacer reducciones sustanciales de gastos.
En un entorno de crecimiento económico que probablemente sería inferior a dos por ciento en 2024, no cabe esperar a corto plazo que un incremento de ingresos del presupuesto pudiese hacer una contribución significativa a la reducción del déficit. La disminución de gastos sería crucial.
El reciente incremento de 44,4 por ciento en el déficit estimado inicialmente en 2023, indica un punto de partida complicado para reducir el déficit fiscal en el período 2024-2026. Lo que ha puesto fuera de control la gestión presupuestaria es la pródiga política monetaria del país.
Una perspectiva económica sobre el tema postula que un gobierno no necesita ingresos presupuestarios para pagar sus gastos porque los cubre ampliando la base monetaria y luego va “cancelando” el exceso de liquidez mediante impuestos y emisión de bonos.La planificación presupuestaria (2021-2023) se ha caracterizado por gastos elevados que reflejan los precios del “ordenamiento” y que han sido “cubiertos” mediante una creciente liquidez monetaria, cuyo exceso no ha podido ser “recuperado” mediante la captación de ingresos.
Normalmente existen diferencias entre el déficit planificado en la ley anual de presupuesto (aprobada en diciembre del año anterior) y el déficit real que se certifica en la “liquidación de presupuesto”, que se valida en julio del año siguiente al del presupuesto.
Al haber estado validando como ley las propuestas gubernamentales con déficits de alrededor de un 10 por ciento del PIB entre 2021-2023, el parlamento cubano tiene responsabilidad por la inflación, paradójicamente uno de los fenómenos más rechazados por los “electores”.
Lo que hace el parlamento al aprobar déficits tan altos es dar luz verde a “la máquina de imprimir dinero” y renuncia a utilizar con efectividad el único acto legislativo regular (ley de presupuesto) que concede control parlamentario a la estabilidad macroeconómica del país.La única decisión económica que en Cuba se adopta en forma de ley de manera repetida cada año es la relativa al presupuesto. Debería existir una comisión permanente de presupuesto en el parlamento cubano. El presupuesto es el “esqueleto” que sustenta la acción del Estado.
En los temas económicos siempre pueden existir opciones. No se trata de que sean fáciles de diseñar y mucho menos de implementar, pero valdría la pena que los parlamentarios considerasen exigir al gobierno tres variantes de presupuesto 2024 con déficits de 4, 8 y 10 por ciento.
