Tomado de OLA (Observatorio de Libertad Académica)
La Habana.- A pocos días de finalizado el juicio arbitrario contra la Dra. Alina Bárbara López Hernández, sigue en pie la incógnita de a quién representaba la parte acusadora. Según explicó la intelectual en su artículo ¿SÚBDITOS O CIUDADANOS? EL PODER AL DESNUDO EN CUBA, publicado en CubaxCuba Laboratorio de Pensamiento Cívico, la única testigo de la parte acusadora fue una de las agentes que se presentó en la casa de la profesora para entregar la citación el día 13 de junio.
La joven expresó ante el tribunal que era ella quien tenía un asunto que tratar con López Hernández. “En la declaración inicial la oficial había expresado que yo debía comparecer a entrevista con los «compañeros de Seguridad del Estado»; en tanto en las declaraciones ampliadas dijo que yo sería entrevistada por ella. Leídas ambas, se le pidió aclarar la contradicción. La testigo titubeó de manera evidente y afirmó que era ante ella y ante «otros compañeros».
Evidentemente, la oficial incurrió en un delito de falso testimonio ante el tribunal. La Ley No. 143/2021 del Procesamiento Penal, en su artículo 258, establece que “El testigo debidamente citado que, sin motivo justificado y previamente alegado, deje de acudir al llamamiento de la autoridad competente en la oportunidad señalada, se niegue a declarar en todo o en parte, o lo haga en forma evasiva a pesar de haber sido requerido para que desista de su actitud, incurre en multa de cien a trescientas cuotas; si persiste en su posición, se deduce testimonio por el delito procedente; en el primer caso se libran, además, las órdenes necesarias para la conducción y presentación del testigo, inmediatamente o en la nueva oportunidad que se señale”.
Sin embargo, el perjurio evidente de la testigo ante las autoridades legales pasó totalmente por alto en el proceso. Tal vez el tribunal estaba listo para escuchar sus medias verdades e, incluso, alguna mentira que debía decir la muchacha, quien lloró amargamente a las afueras de la Fiscalía Municipal cuando sus superiores la regañaron por la declaración ofrecida.
No obstante, debemos centrarnos en el tema de “los otros compañeros” que querían referirse a Alina en esa ocasión. Los mismos “compañeros” encargados de hostigarla a ella y a su familia durante meses: los agentes de la Seguridad del Estado (SE).
Durante años, esta fuerza represora actuó en las sombras, “manteniendo a raya” a disidentes y manteniendo “el orden revolucionario” mediante la violencia.
A día de hoy, y aunque las voces violentadas se levantan para denunciar la violencia, la ley cubana sigue amparando a esta fuerza que, a efectos legales, no existe, pero que ha sido tristemente tangible para muchos cubanos. Uno de los casos más recientes de acoso es el de la historiadora Jenny Pantoja Torres.
La intelectual, amiga personal de la Dra. Alina y dispuesta a acompañarla en el proceso judicial, abordó el tren Habana- Santiago de Cuba el pasado 27 de noviembre. Al llegar al andén matancero, fue detenida por dos oficiales de la SE, quienes le pidieron su documentación y, sin motivos, requisaron su teléfono. Luego de esto, fue forzada a volver a su domicilio.
“Desde la terminal comenzó un rápido pero tortuoso camino de regreso a La Habana. Varias veces indagué el motivo de mi detención y de qué delito se me acusaba. Ninguno de los dos tenientes coroneles que estuvieron al frente de las patrullas en el traslado dio razón de la causa. Cuando dije que era un atropello y que no quería subir al patrullero, amenazaron con levantarme el delito de resistencia a la detención y que ya entonces si estaría delinquiendo, a lo cual riposté que si no había cometido delito no entendía por qué se me detenía”, dijo en su perfil de Facebook
En cada cambio de vehículo, Pantoja Torres preguntó infructuosamente por el motivo de la arbitrariedad. Nadie se identificó durante el trayecto, aunque ella sabía bien de dónde provenía la orden. Al llegar a su domicilio, debió lidiar con el comentario jactancioso de uno de los agentes: “usted, que es tan buena investigadora, que ha tenido tantas buenas ideas…”, le dijo, para luego manifestarle que “se demoró mucho en unirse a Alina”.
Esta situación y la prepotencia del agente gritaban bien alto: “SABEMOS TODO DE TI. SOMOS IMPARABLES. LOS DUEÑOS DE CUBA”. Y es que en esto ha consistido su “encargo social”: detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, encarcelamientos con cargos fabricados, torturas físicas y psicológicas, entre otras prácticas violentas. Todo esto tiene un común un factor: el anonimato.
Es la Policía Nacional Revolucionaria el instrumento para ello. Son ellos quienes dan la cara ante la ley si fuera necesario, mas los agentes con nombre falso y que responden a la Seguridad del Estado, mantienen su impunidad para continuar reprimiendo.
La situación tuvo una escalada mayor cuando, en medio del cerco, el esposo de la investigadora tuvo un problema de salud que los obligó a trasladarse a un hospital. Si bien la urgencia de la situación era inminente, los oficiales se negaron a que Jenny Pantoja Torres abandonase su domicilio para cumplir con su deber de acompañar a su cónyuge.
“El que habló, un muchacho muy joven, bisoño aún, no entendió de razones: yo debía quedarme en casa y ellos llevaban a mi esposo al médico. Le expliqué que estaba muy mal, lo cual era evidente, solo había que ver sus piernas y manos visiblemente hinchadas con la abundante retención de líquido en el cuerpo y el rostro notablemente desmejorado y casi sin poder estarse en pie. Yo debía acompañarle. Expliqué que fueran con nosotros y que nos devolveríamos a casa después que lo viera un médico. El aprendiz de represor, alzó la voz contundente: “Si usted se marcha, solo podemos llevarla detenida”, relató.
La situación la llevó a dejar de hacer valer sus derechos y a aceptar dirigirse al hospital en una patrulla. Sin embargo, fueron llevados al policlínico cercano, donde dejaron a su esposo que ya se encontraba en muy mal estado y la condujeron a ella a hacia la estación de policía de Aguilera.
“Sin mediar palabra, sin instruirme de cargos, sin hablar conmigo acerca del por qué, era conducida a las mazmorras. Fui secuestrada por la policía bajo las órdenes de la SE del municipio, personificadas en el Mayor Pablo (que no debe ser ese su nombre) y encerrada en un calabozo.” La desaparición forzosa duró unas 6 horas, durante las cuales la familia de Jenny llamó a la propia estación policial para indagar por ella, recibiendo como respuesta que no había ingresado nadie con ese nombre.
“Allí estuve desde el martes 28, aproximadamente desde las dos y media a tres de la tarde hasta las diez y media u once de la mañana del siguiente día, miércoles 29 de noviembre.” Hasta la fecha, no existe ni existirá una respuesta legal que explique el porqué.
De hecho, la Ley de Procesamiento Penal indica que su artículo 4.1 que “Nadie puede ser sometido a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. En su inciso 2, advierte que “Tampoco puede ser privado de libertad sino en los casos y con las formalidades establecidas en esta Ley.”
Estas violaciones flagrantes a los instrumentos legales cubanos por parte de la Seguridad del Estado no son novedosas, más si tenemos en cuenta que la regulación antes mencionada se refiere en su artículo 6 al deber que tiene la Fiscalía de probar los cargos contra sus acusados y, aunque no lo hizo, Alina fue declarada culpable y condenada.
El actuar de la SE no consta en ningún sitio público. Infructuosamente podrá intentar Jenny establecer una querella legal por su encarcelamiento arbitrario: ellos no asumirán la responsabilidad. Nunca lo han hecho.
Durante tres años, el Observatorio de Libertad Académica ha documentado los casos de violencia ejercida contra estudiantes y profesores cubanos, quienes han visto irrespetados su derecho a la educación, al trabajo o a la superación profesional por orden expresa de esta entidad.
Más de un centenar de alumnos y docentes que fueron expulsados de sus centros de estudio o trabajo, no podrán nunca enfrentar a los verdaderos responsables pues, pese a entrevistarse con los agentes de la fuerza represora incluso dentro de las instituciones educacionales, son estas quienes asumen la responsabilidad, haciendo explícita la ausencia de autonomía en todo el sector educacional. Los ministerios de Educación (MINED) y de Educación Superior (MES) hacen como que estudian el caso, pero su fallo siempre es favorable al centro docente o, lo que es lo mismo, a la Seguridad del Estado.
Llama la atención al respecto el caso de Dalila Rodríguez González, ex profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central ‘Marta Abreu’ de Las Villas. Luego de intentar inculparla mediante un correo donde se refería de manera ofensiva a algunos directivos del Alma Mater, se le convocó a una reunión a puerta cerrada con el por entonces rector Dr. Andrés Castro Alegría.
“Castro Alegría reconoció que el correo fue enviado desde una computadora de otra facultad y que la profesora siguió los procedimientos para hacer la denuncia. No obstante, le listó una serie de razones que, según un informe entregado a él por la Seguridad del Estado, la clasificaban como una persona “no confiable”, explica OLA en su informe número 9.
Si bien el reporte de Castro Alegría motivó la revocación de su categoría docente y posterior expulsión, la casa de altos estudios asumió toda la responsabilidad, y el MES avaló dicha decisión luego de una “presunta investigación” de la cual no se tiene constancia. Esto, da muestra del servilismo de ambas instituciones, que con total desfachatez se supeditan a los caprichos de esta fuerza represora.
El Observatorio de Libertad Académica denuncia la protección de las instituciones cubanas a la Seguridad del Estado, fuerza alegal que actúa de manera arbitraria, irrespetando las leyes refrendadas en la Constitución de la República de Cuba, la cual es continuamente eximida de su responsabilidad legal por los propios mecanismos judiciales.
Asimismo, denunciamos públicamente el secuestro de la historiadora Jenny Pantoja Torres, que se suma a una amplia lista de desapariciones forzadas cometidas por la SE sin que las víctimas pudieran tener algún tipo de resarcimiento moral. Este tipo de actos represivos exponen la prevalencia de un Estado de terror donde la ciudadanía sobrevive en constante zozobra ante la posibilidad de ser presa de esta entidad parapolicial que solo rinde cuentas al poder político, por lo que tiene manos libres para desconocer cualquier regla que garantice niveles básicos de convivencia social.
Desde este Observatorio reiteramos nuestro apego a la función de acompañamiento, denuncia y respaldo ante cualquier incidente de violación de derechos contra la comunidad académica cubana. Nuestra responsabilidad social es permanente e irrestricta.
