Más de cien mil santiagueros necesitan ayuda humanitaria, dice el oficialismo
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Por Jorge Sotero
Santiago de Cuba.- Más de 101.359 personas en Santiago de Cuba han sido identificadas en situación de vulnerabilidad para recibir módulos de alimentos, una cifra que supera el 10 % de la población efectiva del territorio.
El dato, divulgado por el periódico oficial Sierra Maestra, retrata una realidad difícil de esconder detrás de los discursos sobre justicia social y protección ciudadana. Miles de familias dependen de entregas especiales para conseguir parte de la comida que necesitan, una señal de hasta dónde ha llegado el deterioro de las condiciones de vida en la isla.
La asistencia anunciada incluye cinco libras de arroz, una de chícharos, una de azúcar y un kilogramo de frijoles negros, este último sujeto a disponibilidad y previsto para una entrega única. Ese es el módulo garantizado hasta enero, según la información publicada.
En un país donde los alimentos tienen precios cada vez más difíciles de afrontar para quienes viven de un salario o una pensión, semejante paquete representa un alivio limitado frente a las necesidades cotidianas.
La propaganda puede presentar estas entregas como una política diferenciada de protección, aunque la pregunta inevitable es cuántas comidas puede resolver realmente una ayuda de esa magnitud.
Las autoridades aseguran que la identificación de los beneficiarios se realiza en los consejos populares mediante evaluaciones de grupos multidisciplinarios, y que 154 bodegas participan en la distribución.
También se ha dispuesto anunciar los productos disponibles, sus fechas de entrada y vencimiento, además de llevar suministros hacia las comunidades más apartadas. Toda esa organización administrativa podrá facilitar el reparto, aunque no cambia el problema de fondo: la cantidad de personas que necesita asistencia evidencia una emergencia social que no debería normalizarse ni convertirse en una cifra más dentro de un informe gubernamental.
El Gobierno provincial atribuye a distintas instituciones estatales, organizaciones sociales y entidades internacionales parte del trabajo de atención a los sectores vulnerables. Sin embargo, la protección social no puede limitarse a repartir pequeñas cantidades de alimentos cuando las familias necesitan soluciones estables para vivir con dignidad.
Que más de cien mil santiagueros requieran este tipo de ayuda exige explicar qué medidas se adoptarán para reducir esa dependencia y mejorar el acceso a los productos básicos. Una libreta, una bodega y un módulo ocasional pueden aliviar la urgencia de algunos hogares, pero no sustituyen los ingresos suficientes ni el abastecimiento regular.
La dignidad de una familia no debería depender de esperar la próxima entrega para saber qué podrá poner sobre la mesa.
