La ventana rota: cuando el Estado también abandona la calle

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Por Héctor Miranda (Tomado de Facebook)

La Habana.- Hay ciudades que comienzan a perderse mucho antes de que sus calles queden desiertas. Basta una acera convertida en vertedero, un edificio público que se cae a pedazos, una parada donde nadie sabe cuándo llegará la guagua o una ventana rota que permanece semanas sin que nadie se ocupe de ella. Al principio, la gente protesta; después, se resigna. Y un día descubre que el abandono ha dejado de ser una excepción para convertirse en parte del paisaje. Algo de eso ocurre en Cuba, donde la crisis económica se ha metido en los hogares, pero también en las calles, en las relaciones entre las personas y en la confianza que debería inspirar quien tiene la obligación de protegerlas.

En 1994, Rudy Giuliani llegó a la alcaldía de Nueva York con una ciudad que arrastraba graves problemas de delincuencia. Su administración, junto con el jefe policial William Bratton durante la primera etapa, impulsó una estrategia que prestó especial atención al desorden urbano, las infracciones menores y la recuperación de los espacios públicos. La llamada teoría de las ventanas rotas sostenía que las señales visibles de abandono podían debilitar el control comunitario y favorecer un deterioro mayor.

Durante aquellos años, la criminalidad descendió considerablemente en Nueva York, aunque los investigadores siguen debatiendo cuánto de esa reducción se debió a aquella política y cuánto a otros factores. La lección no consiste en copiar una receta policial ni en convertir cada falta menor en un expediente criminal. Consiste en entender que una ciudad necesita instituciones presentes, reglas que se cumplan y autoridades capaces de responder a los problemas antes de que se vuelvan parte de la normalidad.

La responsabilidad de las instituciones

En Cuba, mientras tanto, las noticias y los testimonios sobre robos, asaltos, atracos, sustracción de teléfonos y cadenas, y sacrificio ilegal de ganado mantienen viva una preocupación que atraviesa barrios y campos. A esa inquietud se suman los feminicidios, una de las expresiones más dolorosas de la violencia, ante los cuales la prevención, la protección efectiva de las mujeres y la respuesta institucional no pueden llegar tarde.

No sería serio atribuir todos estos hechos a una sola causa ni afirmar una magnitud nacional sin estadísticas completas y verificables. Pero tampoco sería razonable desoír a quienes viven con miedo, pierden sus pertenencias o ven cómo desaparece el ganado del que depende el sustento familiar. Cuando la inseguridad se instala en la conversación cotidiana, las autoridades tienen la obligación de escuchar, investigar, informar y actuar, no de esperar que la gente se acostumbre.

La crisis económica ayuda a entender parte del escenario, aunque no justifica la violencia ni convierte al delincuente en una víctima sin responsabilidad. La inflación, los salarios insuficientes, la escasez, el deterioro de los servicios y la falta de perspectivas golpean la vida diaria y aumentan las tensiones sociales.

Quien trabaja y descubre que su salario apenas alcanza para sobrevivir puede sentir que las reglas del esfuerzo han perdido sentido; quien pierde un animal robado sabe que no ha perdido solamente carne, sino meses de trabajo y una parte de su futuro. Sin embargo, la pobreza no convierte automáticamente a nadie en ladrón, del mismo modo que la precariedad no elimina la responsabilidad individual. Lo que sí puede hacer un Estado es agravar las condiciones del deterioro cuando no protege a los ciudadanos, no garantiza oportunidades y tampoco ofrece respuestas creíbles frente al delito. La responsabilidad del autor de un crimen es suya; la responsabilidad de prevenirlo y perseguirlo corresponde también a las instituciones.

El abandono trasnmite un mensaje

Pero la ventana rota cubana no está solamente en el cristal de una casa o en la puerta violentada de un campesino. Está en la basura que se acumula durante días, en los baches que obligan a los vehículos a esquivar cráteres, en las fachadas públicas que se desprenden, en los parques abandonados y en el transporte que deja a miles de personas esperando sin certeza. Está en hospitales donde la falta de recursos dificulta la atención y en escuelas que cargan con carencias que no deberían recaer sobre maestros, alumnos y familias.

Cada uno de esos problemas tiene su explicación concreta y requiere soluciones diferentes; no todo abandono produce delincuencia ni toda avería anuncia un delito. Pero su acumulación transmite un mensaje corrosivo: que nadie responde, que reclamar sirve de poco y que lo colectivo ha dejado de importarle a quien debe administrarlo. Una sociedad no pierde la confianza de golpe. La pierde cada vez que una necesidad elemental se convierte en una peregrinación sin respuesta.

Ahí aparece la responsabilidad política. Un gobierno no tiene la culpa directa de cada robo, de cada agresión ni de cada asesinato cometido bajo su jurisdicción. Afirmarlo sería confundir la responsabilidad pública con la responsabilidad penal. Pero sí tiene el deber de crear condiciones para la seguridad, mantener los servicios esenciales, combatir la corrupción, proteger a las víctimas y rendir cuentas por sus resultados.

Cuando las instituciones concentran sus energías en conservar el poder, controlar el discurso público y administrar la imagen oficial, mientras los problemas cotidianos se multiplican sin respuestas suficientes, la distancia entre el Gobierno y la sociedad termina siendo otra forma de abandono. No basta con proclamar que el país está en buenas manos; hay que demostrarlo en la calle, en la estación de policía, en el hospital, en el aula y en el campo donde un campesino necesita poder dormir sin temer que al amanecer le hayan robado sus animales.

El Estado está para servir al pueblo; no al revés

La experiencia neoyorquina tampoco debe convertirse en una invitación a la mano dura sin límites. Las políticas asociadas a las ventanas rotas han recibido críticas por los controles excesivos y por sus efectos desproporcionados sobre comunidades vulnerables. Las revisiones académicas encuentran resultados más favorables en estrategias que combinan la prevención del delito con la colaboración vecinal y la solución de problemas concretos, mientras que la eficacia de los enfoques policiales agresivos sigue siendo discutida.

Cuba necesita seguridad, pero también justicia; autoridad, pero no arbitrariedad; cumplimiento de la ley, pero una ley que proteja a todos y no se utilice selectivamente. Necesita una policía que investigue, jueces que actúen con independencia, instituciones transparentes, servicios públicos que funcionen y ciudadanos que puedan exigir responsabilidades sin que la crítica sea tratada como una amenaza. Limpiar una calle es una obligación municipal; impedir un asalto, una tarea de seguridad; prevenir la violencia contra las mujeres, un compromiso institucional y social. Son deberes distintos, unidos por una misma idea: el Estado existe para servir a las personas. Nunca para proteger al gobierno.

Salvar las distancias entre Nueva York y Cuba no significa renunciar a las lecciones que ofrece aquella experiencia. Una ciudad puede recuperar espacios, reducir delitos y reconstruir la confianza cuando existen voluntad política, recursos, instituciones capaces y una ciudadanía que participa en la solución de sus problemas. Cuba también podría volver a ser un país donde caminar de noche no sea motivo de angustia, donde el campesino vea crecer su ganado, donde la basura no dicte el paisaje, donde una escuela inspire futuro y un hospital ofrezca atención digna.

No ocurrirá con consignas, campañas fugaces ni culpando siempre a circunstancias externas. Exigirá reformas, transparencia, prevención, oportunidades económicas, servicios eficaces y una autoridad dispuesta a reconocer sus fracasos y corregirlos. Las ventanas rotas se pueden reparar; también se pueden limpiar las calles y devolverles vida a los barrios. Lo más difícil es convencer a la gente de que su esfuerzo tendrá sentido y de que las instituciones volverán a estar de su lado. Porque un país no se salva únicamente cuando consigue castigar a quien rompe una ventana. Empieza a salvarse cuando quienes tienen la obligación de cuidarlo dejan, por fin, de mirar hacia otro lado.