Starlink y el miedo del castrismo: cuando hasta las embajadas son una amenaza

Por Anette Espinosa ()

La Habana.- El Gobierno cubano ha decidido cerrar las puertas a los equipos de Starlink, incluso cuando su destino son las embajadas y las representaciones de organismos internacionales acreditadas en la Isla. La explicación oficial se refugia en argumentos de soberanía y regulación de las telecomunicaciones, pero la medida deja una pregunta incómoda: ¿qué teme realmente el castrismo de una antena capaz de proporcionar conexión a Internet sin depender de ETECSA? Porque cuando un poder político necesita blindarse frente a una tecnología, incluso dentro de las sedes diplomáticas, quizá el problema no esté en la tecnología, sino en lo que representa.

Hay una primera explicación que tiene mucho que ver con el dinero. ETECSA disfruta de un monopolio que permite al Estado imponer precios y condiciones sin competencia real. Las misiones diplomáticas necesitan conexiones fiables y pagan por servicios de telecomunicaciones en un país donde la conectividad resulta cara y deficiente. La llegada de Starlink supondría una alternativa que reduciría esa dependencia y dejaría en evidencia las limitaciones de la empresa estatal. El Gobierno no parece dispuesto a perder clientes, ingresos ni capacidad de imponer sus tarifas, por muy desproporcionadas que resulten.

Pero existe una segunda posibilidad todavía más inquietante para las autoridades: que las representaciones diplomáticas se conviertan en una vía de entrada para terminales que después puedan terminar en manos de ciudadanos cubanos. No sería extraño que el régimen contemple ese escenario con preocupación, especialmente cuando ya circulan equipos de Starlink en la Isla pese a las restricciones. Una antena que entra por canales diplomáticos y termina conectando a una familia cubana representa mucho más que una operación comercial: significa abrir una ventana al mundo sin pasar por el filtro estatal.

El verdadero temor

Y ahí aparece el verdadero temor. Starlink permite mantener una conexión independiente de la infraestructura terrestre de ETECSA, algo especialmente valioso en un país donde los apagones también dejan a los ciudadanos sin Internet. Para un Gobierno acostumbrado a controlar las vías de comunicación, esa autonomía constituye un problema político. Menos dependencia de las redes estatales significa menos capacidad para condicionar el acceso a la información, dificultar determinadas comunicaciones o dejar a los ciudadanos a merced de las interrupciones del servicio. No es difícil entender por qué una tecnología así despierta tanta inquietud en La Habana.

Naturalmente, cualquier país puede establecer regulaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico y los equipos de telecomunicaciones. Pero resulta difícil aceptar que la soberanía sea el argumento definitivo cuando el propio Estado no consigue garantizar un servicio de Internet estable, eficiente y asequible. La soberanía no debería convertirse en una licencia para imponer monopolios ni en una excusa para impedir que ciudadanos y representaciones extranjeras dispongan de alternativas tecnológicas. Mucho menos cuando quienes pagan las consecuencias son los cubanos, condenados a soportar un servicio deficiente sin posibilidad de elegir.

La prohibición de Starlink termina retratando las prioridades del castrismo: proteger el negocio de ETECSA, preservar el monopolio estatal de las comunicaciones y evitar que los cubanos encuentren caminos independientes para conectarse con el exterior. Quizá el Gobierno tema perder ingresos, quizá tema que las antenas entren por vías diplomáticas y se extiendan entre la población. Pero, por encima de ambas cosas, teme perder control. Porque un régimen seguro de su gestión no necesita tenerle miedo a una antena parabólica. En Cuba, al parecer, hasta conectarse directamente con el mundo puede convertirse en un acto de desobediencia.