El derecho a marcharse, bajo sospecha

Por Julia Jareño ()

Miami.- Como si no bastara con vivir atrapados en un país donde faltan los alimentos, la electricidad, las medicinas y las oportunidades, ahora también hay que preocuparse por si el Estado permitirá salir a quienes pretendan viajar.

La nueva Ley de Migración contempla supuestos en los que las autoridades pueden impedir la salida del país. Y esto debe servir de advertencia a todo cubano que tenga un viaje previsto: comprar un boleto, tener el pasaporte vigente y cumplir con los preparativos no significa necesariamente que podrá marcharse.

¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Que antes de viajar, un cubano puede verse obligado a preguntarse si existe alguna circunstancia legal, judicial, militar o laboral que termine convirtiendo su salida en una puerta cerrada.

En cualquier país, las restricciones a la libertad de movimiento deberían estar claramente justificadas, sujetas a garantías legales y sometidas a controles efectivos. Pero en Cuba, donde tantos ciudadanos sueñan con salir para buscar un futuro mejor, cualquier nueva limitación genera una preocupación legítima.

Como siempre, el Estado excede sus funciones

El Estado no debería comportarse como dueño de sus ciudadanos. Los cubanos no son propiedad de ningún gobierno, no son rehenes de ninguna institución ni deberían vivir con la incertidumbre de descubrir en un aeropuerto que no pueden marcharse.

Por eso, a todo el que tenga previsto viajar a partir del 1 de noviembre, le digo: infórmese, revise su situación y conozca las disposiciones que podrían afectarle antes de presentarse en el aeropuerto.

Que nadie se entere de estas restricciones cuando ya tenga las maletas hechas y el vuelo a punto de salir. Bastante difícil es vivir en Cuba como para que, además, hasta el derecho a marcharse se convierta en una incertidumbre.