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title: El robo de cabillas tiene un culpable, el gobierno
date: 2026-11-20T13:16:16Z
modified: 2026-11-20T13:16:16Z
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excerpt: "El robo de cabillas en Matanzas expone un problema mayor: un Estado que no garantiza materiales ni protege las infraestructuras públicas."
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Por Yoelbis Albelo ()

Matanzas.- Lo que está ocurriendo en Matanzas es tan indignante como peligroso. El robo de cabillas del interior de puentes, carreteras, instalaciones deportivas y otras estructuras públicas no es una simple sustracción de materiales: es un acto de destrucción que pone en riesgo vidas humanas y termina comprometiendo la seguridad de toda una población.

El caso del puente de Los Arabos, en la Carretera Central, es una señal de alarma que no puede ignorarse. Pero tampoco es un hecho aislado. La carretera de la Loma del Pan, el puente elevado de la circunvalación de Matanzas, el Ateneo Deportivo Aurelio Janet, varias piscinas, centros recreativos, escuelas e instalaciones universitarias figuran entre los lugares afectados. Estamos hablando de una provincia donde hasta las estructuras que deberían garantizar la comunicación y la seguridad de sus habitantes están siendo desmanteladas desde dentro.

Pero sería demasiado cómodo limitarse a condenar a quienes arrancan las cabillas y pasar por alto las condiciones que alimentan este fenómeno. En Cuba, el robo de materiales de construcción lleva décadas produciéndose. Durante años, las obras paralizadas, las construcciones abandonadas y las instalaciones desatendidas se convirtieron en objetivos de quienes buscaban acero para venderlo o utilizarlo en sus propias viviendas.

¿Y por qué ocurre? Porque el Estado ha conseguido convertir algo tan elemental como construir, reparar o ampliar una casa en una misión casi imposible para buena parte de la población. Las cabillas escasean, cuando aparecen tienen precios prohibitivos y los salarios cubanos están a años luz de poder cubrir esos costos. Para una persona que vive de su sueldo, comprar legalmente los materiales necesarios puede convertirse en un lujo inalcanzable.

## Las causas no justifican los robos

El principal responsable de este desastre es un Gobierno que lleva décadas monopolizando la economía, controlando los canales de comercialización y siendo incapaz de garantizar un mercado estable, abastecido y con precios que guarden alguna relación con los ingresos reales de la población. Si existieran establecimientos bien surtidos, donde cualquier trabajador pudiera comprar cabillas, cemento y otros materiales a precios razonables, muchos de estos circuitos ilegales perderían su razón de ser.

En Cuba, sin embargo, se ha creado una economía absurda: el Estado no garantiza los materiales, los salarios no alcanzan, los precios se disparan y después se pretende resolver el problema persiguiendo las consecuencias de una crisis que las propias políticas gubernamentales han contribuido a generar. No se puede exigir legalidad mientras se hace imposible acceder legalmente a lo más básico.

Ahora bien, comprender las causas no significa justificar estos robos. Extraer las cabillas de un puente no es lo mismo que llevarse un pedazo de hierro de una construcción abandonada. El acero que se arranca del hormigón es parte esencial de la resistencia de una estructura. Su extracción debilita el concreto armado, compromete la estabilidad de la obra y puede provocar derrumbes, accidentes y tragedias humanas.

Quienes participan en estas acciones deben responder por el daño que ocasionan, porque ninguna necesidad individual puede justificar poner en peligro la vida de miles de personas. Pero también deben responder quienes permiten que instalaciones públicas permanezcan abandonadas, sin vigilancia, sin mantenimiento y sin un plan de recuperación. La responsabilidad no termina en las manos de quien empuña el cincel: alcanza también a quienes tienen la obligación de proteger el patrimonio colectivo.

## Un Estado incapaz

¿Dónde estaban las autoridades mientras se desmontaban estas instalaciones? ¿Quién supervisa los puentes de la Carretera Central? ¿Cuántas denuncias tuvieron que producirse para que se reconociera la magnitud del problema? ¿Qué mecanismos de vigilancia existen y quién responde por su fracaso? Es inadmisible que una infraestructura construida con recursos públicos, pagada con el esfuerzo de generaciones de cubanos, termine convertida en chatarra porque nadie la protege. Y todavía resulta más indignante que, mientras se exige a la población sacrificio, disciplina y respeto por los bienes del Estado, ese mismo Estado sea incapaz de conservar lo que administra. El abandono institucional también destruye, aunque no utilice martillos ni cinceles.

Matanzas no necesita discursos, promesas ni campañas ocasionales contra los llamados «picapiedras». Necesita que se investiguen estos hechos, se detenga la destrucción de sus infraestructuras, se exijan responsabilidades y se recuperen las instalaciones dañadas. Pero, sobre todo, Cuba necesita un cambio profundo en la manera de gestionar su economía: que los materiales de construcción estén disponibles, que puedan venderse legalmente, que sus precios sean compatibles con los salarios y que los ciudadanos tengan la posibilidad real de levantar y reparar sus viviendas sin tener que recurrir a la ilegalidad.

Que quede claro, un Gobierno que no puede garantizar a sus ciudadanos el acceso a los materiales para construir, y tampoco es capaz de proteger los puentes que sostienen sus carreteras, está demostrando un fracaso que va mucho más allá de la economía.

Cuando en un país la gente termina arrancando las cabillas de los puentes para conseguir lo que no puede comprar en el mercado, el problema no es solamente el robo de acero: es la destrucción de un país por décadas de abandono, incapacidad y mala gestión gubernamental.

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