La verdad que el régimen cubano no soporta

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Por Luis Alberto Ramírez ()

Miami.- La impotencia ante la verdad es el mejor refugio de los indolentes, porque la insolencia no responde a las necesidades de los demás, sino al deterioro de la conciencia.

Cuando no hay conciencia ni argumentos para defender una posición, se impone el miedo a la verdad y se recurre a la razón de la fuerza. Y cuando un Gobierno necesita silenciar a quien lo cuestiona, lo que demuestra no es la fortaleza de sus argumentos, sino la debilidad de sus convicciones.

Lo ocurrido en la Asamblea General de las Naciones Unidas demuestra hasta qué punto las confrontaciones políticas pueden convertirse en un espectáculo cuando la verdad resulta incómoda para quienes ejercen el poder.

La delegación cubana reaccionó con visible indignación ante las declaraciones del embajador estadounidense, Mike Waltz, quien cuestionó al Gobierno de La Habana por sus responsabilidades internas y la situación que atraviesa el país. La respuesta cubana dejó una imagen que merece reflexión: ¿por qué resulta tan difícil mantener un debate respetuoso cuando las acusaciones afectan directamente al poder?

Si esos representantes reaccionan de esa manera ante las críticas en un foro internacional, ¿qué puede esperar un ciudadano cubano que, dentro de su propio país, se atreva a cuestionar públicamente al Gobierno?

Porque en Cuba no estamos hablando solamente de discusiones acaloradas entre políticos. Estamos hablando de ciudadanos que han pagado con la cárcel, el hostigamiento y otras formas de represión el precio de expresar opiniones contrarias al discurso oficial.

Mientras los representantes de un Gobierno pueden responder desde una tribuna internacional, el ciudadano cubano que carece de poder puede terminar sentado en el banquillo de los acusados.

Y aquí aparece una de las grandes contradicciones del sistema cubano: sus representantes reclaman que el mundo escuche su versión de los acontecimientos, pero ¿qué espacio tiene dentro de Cuba quien quiere presentar una versión diferente de la realidad nacional?

Pensemos en los opositores, los periodistas independientes y los activistas que han denunciado la falta de libertades políticas. Pensemos también en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para expresar su descontento.

Aquellas manifestaciones no surgieron en el vacío. Se produjeron en medio de una profunda crisis económica, la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones y el agotamiento de una población que no encontraba respuestas suficientes a sus necesidades.

La respuesta estatal y los procesos judiciales posteriores contra numerosos participantes dejaron una pregunta que todavía merece respuesta: ¿por qué un Gobierno que afirma representar al pueblo necesita recurrir al castigo penal para responder a una parte de ese mismo pueblo que sale a la calle a protestar?

¿Dónde queda la soberanía popular cuando el ciudadano puede expresar su desacuerdo únicamente dentro de los límites establecidos por quienes ejercen el poder?

Y no se trata de negar los problemas que pueda provocar el embargo estadounidense. Se trata de comprender que una cosa no elimina la otra. El embargo puede ser objeto de críticas legítimas, pero su existencia no convierte automáticamente en justas todas las decisiones del Gobierno cubano ni justifica la represión de quienes discrepan de él.

Condenar el embargo no obliga a guardar silencio ante la falta de libertades en Cuba.

Sin embargo, buena parte del debate internacional parece atrapada en una contradicción política: algunos Gobiernos concentran su atención en la política estadounidense hacia la Isla, mientras las libertades de los propios cubanos quedan relegadas a un segundo plano.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado reiteradamente resoluciones que piden el fin del embargo. Pero votar contra esa política no equivale necesariamente a respaldar la dictadura cubana. Cada Gobierno puede tener sus propias razones para adoptar esa posición.

El problema aparece cuando la defensa de una política económica se convierte en una excusa para ignorar las restricciones políticas y las denuncias de violaciones de derechos que afectan a los ciudadanos de la Isla.

¿Por qué no exigir ambas cosas? ¿Por qué no defender el bienestar del pueblo cubano y, al mismo tiempo, reclamarle a su Gobierno libertad de expresión, pluralismo político y respeto a los derechos humanos?

¿Acaso los cubanos tienen menos derecho a la libertad que los ciudadanos de cualquier otro país?

La verdad es que el Gobierno de La Habana ha construido buena parte de su legitimidad internacional alrededor de su enfrentamiento con Estados Unidos. Para determinados sectores de la izquierda mundial, Cuba continúa representando una trinchera antiimperialista. Y esa imagen, cultivada durante décadas, parece pesar más que las preguntas incómodas sobre la vida cotidiana de los cubanos.

Es una paradoja política: un Gobierno que reclama solidaridad internacional en nombre de su pueblo, mientras sus críticos denuncian que ese mismo pueblo carece de mecanismos democráticos suficientes para decidir libremente su futuro.

Y cuando se cuestiona esa contradicción, la respuesta suele regresar al mismo punto de partida: el embargo, la agresión externa y la amenaza imperialista.

Como si señalar los problemas internos de Cuba fuera una forma de traición nacional.

Como si exigir libertades significara renunciar a la soberanía.

Como si el derecho a criticar al Gobierno fuera un privilegio concedido por el poder y no un derecho que debe protegerse precisamente frente a los abusos de ese poder.

Francisco Flores ante Fidel Castro: un ejemplo que la historia no debe olvidar

Hay un episodio que merece recordarse cuando hablamos de la reacción del poder ante quienes se atreven a contradecirlo.

El 18 de noviembre de 2000, durante la X Cumbre Iberoamericana celebrada en Panamá, el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, protagonizó un duro enfrentamiento verbal con Fidel Castro.

Castro había acusado al Gobierno salvadoreño de proteger a Luis Posada Carriles. Flores no guardó silencio. Respondió públicamente y cuestionó a Castro por el papel de Cuba en el conflicto armado salvadoreño y por el apoyo que, según denunció, había prestado a quienes combatieron contra el Gobierno de El Salvador.

Fue un enfrentamiento directo entre dos presidentes. Flores le contestó a Fidel Castro en su cara, ante otros mandatarios y representantes internacionales, cuestionando las acusaciones que el dirigente cubano había lanzado contra su Gobierno.

Aquel episodio quedó registrado en video y constituye un ejemplo de cómo un mandatario latinoamericano se atrevió a confrontar públicamente a quien durante décadas había ejercido una enorme influencia política en la región.

Pero hay algo que debemos distinguir: Francisco Flores falleció en 2016 mientras enfrentaba un proceso judicial por acusaciones de corrupción. No existen pruebas suficientes para afirmar que aquel enfrentamiento con Fidel Castro provocara su posterior proceso judicial o su muerte.

No necesitamos establecer una relación que no está demostrada para comprender la importancia política de aquel episodio.

Lo que demuestra el enfrentamiento es que Fidel Castro también podía ser cuestionado públicamente, aunque durante décadas el discurso oficial cubano intentara presentarlo como una figura moralmente incuestionable.

Y esa es precisamente la cuestión: ningún dirigente político, por poderoso que sea, debe estar por encima de las preguntas, las críticas o la obligación de responder por sus actos.

¿Por qué entonces resulta tan difícil aceptar ese mismo principio cuando las críticas se dirigen contra el Gobierno cubano?

¿Por qué lo que se presenta como una defensa legítima de la soberanía cuando lo hace un dirigente cubano se convierte, dentro de Cuba, en una supuesta agresión cuando lo hace un ciudadano que discrepa del poder?

La verdad no cambia de naturaleza dependiendo de quién la pronuncie. Lo que cambia es la disposición de quienes la escuchan a reconocerla.

Y esa contradicción no pertenece exclusivamente a Fidel Castro. También interpela al sistema político que dejó y a quienes continúan defendiendo que el poder debe permanecer al margen de la crítica ciudadana.

¿Qué pasará después de este episodio?

En mi humilde opinión, la dinámica internacional cambiará poco. Muchos Gobiernos seguirán condenando el embargo, otros mantendrán sus críticas a La Habana y algunos intentarán evitar un enfrentamiento directo con el régimen cubano.

La política internacional no se mueve únicamente por principios: también intervienen los intereses, las alianzas y los cálculos diplomáticos.

Para determinados sectores de la izquierda, Cuba continúa siendo un símbolo de resistencia frente al poder estadounidense. Para otros Gobiernos, mantener relaciones con La Habana forma parte de sus propios intereses diplomáticos.

Pero ninguna votación, por abrumadora que sea, puede resolver por sí sola la contradicción fundamental que vive Cuba.

La legitimidad internacional de un Gobierno no sustituye la legitimidad que debe ganarse ante sus propios ciudadanos.

Y aquí llegamos al fondo de esta reflexión: ¿de qué sirve proclamar que se representa al pueblo si se teme escuchar lo que ese pueblo tiene que decir?

¿De qué sirve defender la soberanía nacional si se limita la capacidad de los ciudadanos para decidir libremente su futuro?

¿Hasta cuándo puede un Gobierno atribuir sus fracasos a sus enemigos externos sin rendir cuentas por sus propias decisiones?

¿Y hasta cuándo una parte de la comunidad internacional seguirá confundiendo la defensa de la soberanía de un país con la defensa incondicional de quienes lo dirigen?

El problema no es que Cuba tenga diferencias con Estados Unidos. Las tienen muchos países. El problema es que esas diferencias se utilicen para justificar un sistema en el que la discrepancia política puede convertirse en motivo de persecución.

Porque la soberanía de una nación no pertenece exclusivamente a su Gobierno. También pertenece a sus ciudadanos.

Y un pueblo no es verdaderamente soberano si no puede expresar libremente su desacuerdo con quienes dicen representarlo.

El régimen de La Habana ha proyectado durante décadas una imagen de resistencia frente al imperialismo. Sin embargo, la resistencia de un Gobierno frente a una potencia extranjera no lo exime de responder por sus actos ante su propia población.

La verdadera fortaleza de un país no consiste en que sus dirigentes nunca sean cuestionados, sino en que sus ciudadanos puedan hacerlo sin miedo.

Cuando un sistema político necesita protegerse de la verdad en lugar de demostrar que es capaz de enfrentarla, termina convirtiendo su propia intolerancia en una evidencia de sus contradicciones.

Porque la verdad puede ser incómoda, pero la mentira institucionalizada termina siendo mucho más costosa para toda una nación.

Un Gobierno puede intentar silenciar una voz, intimidar a un adversario o desacreditar una denuncia. Lo que no puede hacer eternamente es convertir su versión de la realidad en la única verdad permitida.

La verdad no necesita permiso del poder para existir. Y ningún Gobierno tiene derecho a exigir silencio como precio por disentir.