Cuba publica una nueva Ley de la Vivienda en medio de un déficit habitacional superior a las 800.000 unidades
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Por Jorge Sotero
La Habana.- El régimen cubano publicó este miércoles la Ley 187 de la Vivienda, una normativa que reconoce el derecho de las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, incorpora nuevas modalidades de gestión inmobiliaria y elimina la confiscación de inmuebles por salida definitiva del país.
La legislación, aprobada en julio por la Asamblea Nacional, sustituye la Ley General de la Vivienda de 1988 y entrará en vigor el próximo 21 de octubre. La reforma llega después de décadas de deterioro del fondo habitacional, con miles de familias atrapadas entre la escasez de materiales, los bajos ingresos y la incapacidad del Estado para responder a sus necesidades.
Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de varias restricciones administrativas para donar, permutar, arrendar, heredar y transmitir viviendas. La nueva norma también permite ampliar la participación de inmobiliarias, cooperativas y capital extranjero en la construcción y gestión de inmuebles.
Aunque estas medidas abren nuevas posibilidades jurídicas y económicas, el problema de fondo sigue siendo la falta de viviendas asequibles para la población. El régimen vuelve a modificar las reglas después de años de políticas que no han conseguido garantizar un hogar digno a miles de cubanos, muchos de ellos obligados a vivir en edificaciones deterioradas o hacinados junto a sus familiares.
La Ley 187 también elimina la obligación de informar en el plazo de un año sobre el inicio de la adjudicación de viviendas heredadas que hubieran quedado desocupadas. Asimismo, flexibiliza los contratos de compraventa y amplía las formas de acceso a la propiedad, aunque establece que los pagos deben realizarse mediante instrumentos financieros previstos en la legislación bancaria u otras modalidades autorizadas.
La normativa ratifica la responsabilidad estatal en los programas constructivos, una promesa que contrasta con la realidad de un país donde el déficit habitacional supera las 800.000 viviendas, según cifras oficiales. La falta de mantenimiento, el deterioro de los edificios y los daños provocados por fenómenos naturales agravan una crisis que las autoridades llevan décadas sin resolver.
La publicación de esta ley forma parte de un paquete de 176 reformas económicas y sociales impulsadas por el Gobierno cubano para modificar la gestión de la economía. Su eficacia dependerá de que las nuevas disposiciones se traduzcan en construcciones, rehabilitaciones y oportunidades reales para los ciudadanos, más allá de los anuncios oficiales.
En una isla golpeada por la inflación, los salarios insuficientes y la escasez de materiales, tener derechos reconocidos en el papel no garantiza la posibilidad de comprar o reparar una vivienda. La crisis habitacional vuelve a dejar en evidencia las consecuencias de décadas de gestión estatal fallida y la urgencia de soluciones que permitan a los cubanos acceder a un hogar digno sin depender de promesas que nunca terminan de cumplirse.
