Ni en el duelo dejan tranquilos a los activistas cubanos

Por Oscar Durán

La Habana.- La Seguridad del Estado cubana acaba de protagonizar otro episodio de acoso que retrata hasta dónde puede llegar la maquinaria represiva del régimen. Yamilka Lafita Cancio, conocida en las redes sociales por el nombre de Lara Crofs, denunció que agentes de la policía política le impidieron salir de su vivienda en La Habana para asistir al velorio de su tía, fallecida en el Hospital de Emergencias de la capital.

Sí, hasta en un momento de dolor familiar, las autoridades encontraron tiempo y recursos para mantener bajo vigilancia a una ciudadana cuyo principal delito parece ser expresar públicamente sus críticas al Gobierno.

Según relató la propia activista en sus redes sociales, frente a su vivienda había un operativo integrado por tres agentes de la Seguridad del Estado, dos policías, dos mujeres y varias motocicletas, además de una patrulla. Ninguno quiso identificarse ni mostrar un documento que justificara la prohibición de salir de su casa.

La situación llegó al extremo de impedirle acompañar a sus familiares en la despedida de una persona querida. Su hermano incluso acudió en automóvil para recogerla, aunque Lafita decidió permanecer en casa para evitar que también terminaran acosándolo. Una escena vergonzosa que demuestra el nivel de indefensión al que están sometidos quienes se atreven a disentir en Cuba.

Lo ocurrido no parece un episodio aislado. Durante esa misma jornada, otros activistas y periodistas independientes denunciaron cercos policiales en sus viviendas para impedirles asistir a una actividad organizada en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Entre los afectados figuraban Yoani Sánchez, Camila Acosta y otros representantes de la sociedad civil. El hostigamiento contra Lara Crofs tiene, además, antecedentes. En abril de 2025, las autoridades también le impidieron asistir a una misa en memoria del niño Damir Ortiz. Estamos ante un patrón de intimidación que alcanza incluso los espacios más íntimos de la vida personal y familiar.

Hay algo particularmente miserable en utilizar los recursos de un Estado para impedir que una mujer despida a su tía fallecida. Patrullas, agentes, motocicletas y vigilancia policial parecen sobrar cuando se trata de controlar a los ciudadanos incómodos, aunque para resolver los problemas de los hospitales, las funerarias y los servicios básicos nunca hay suficientes recursos.

La Seguridad del Estado puede dedicar una mañana entera a vigilar una vivienda, mientras las familias cubanas tienen que enfrentar enormes dificultades para conseguir servicios funerarios dignos. El caso fue denunciado públicamente por Lafita y, hasta el momento de las informaciones consultadas, no existía una versión oficial que explicara la restricción.

Una dictadura que necesita cercar viviendas para controlar a sus ciudadanos termina exhibiendo su propia debilidad. Impedirle a una activista despedir a un familiar no demuestra autoridad ni fortaleza; demuestra hasta qué punto el poder ha perdido cualquier respeto por la dignidad humana.