El negocio privado con dueño estatal: el viejo truco del poder cubano

Escuchar este artículo

Audio completo disponible.

Por Max Astudillo ()

La Habana.- Hay operaciones comerciales que, antes de llegar a su destino, terminan revelando mucho más de lo que sus promotores habrían deseado. La incautación en Estados Unidos de 90 cargamentos de biodiésel destinados a Cuba, valorados en unos 2,8 millones de dólares y equivalentes a aproximadamente 615.000 galones, es una de ellas.

El combustible tenía como destinataria a ENETEC S.A., una compañía cubana dedicada al comercio de combustibles y lubricantes que figura en la lista de entidades sancionadas por Washington. La noticia no solo pone bajo examen una operación de importación: devuelve al centro del debate una pregunta antigua, aunque convenientemente disimulada por el lenguaje de las reformas: ¿quién hace realmente los negocios en Cuba y quién termina beneficiándose de ellos?

El dato decisivo no es únicamente el volumen del combustible ni el dinero comprometido, sino el nombre que aparece al final de la ruta comercial. Las autoridades estadounidenses sostienen que los cargamentos estaban destinados a ENETEC, a la que identifican como una entidad utilizada por el Gobierno cubano.

La compañía, además, figura en los registros oficiales de sanciones de Estados Unidos. No estamos, por tanto, ante una simple discusión sobre el derecho de un empresario a importar combustible, sino ante una operación vinculada, según las autoridades que la investigan, a una estructura del sector energético cubano. Esa diferencia importa: una cosa es el negocio privado y otra, bastante distinta, el negocio estatal que se presenta bajo una denominación comercial.

Hay que mirar más adentro

Durante años, el Gobierno cubano ha intentado vender las mipymes como una prueba de apertura, una suerte de ventana empresarial en una economía donde el Estado conserva el control de sectores estratégicos y mantiene una capacidad decisiva para autorizar, regular y limitar la actividad económica. La existencia de empresas privadas es real; también lo son las restricciones que condicionan su autonomía.

Por eso, la pregunta no puede agotarse en comprobar si una sociedad está inscrita legalmente o si su nombre aparece en un registro mercantil. Hay que mirar más adentro: quién aporta el capital, quién decide qué se compra, quién controla las cuentas, quién firma los contratos y quién recibe los beneficios. El nombre que figura en los documentos puede ser apenas la primera página de una historia mucho más compleja.

En el negocio del combustible, esa distinción adquiere una importancia extraordinaria. Importar exige capital, proveedores, acceso a divisas, capacidad logística y una red de relaciones comerciales que no siempre está al alcance de cualquier pequeño empresario cubano.

Si una operación termina conectada con una entidad sancionada y vinculada al aparato estatal, resulta razonable exigir explicaciones sobre sus intermediarios, sus beneficiarios finales y el recorrido del dinero. Pero también conviene ser rigurosos: la información pública sobre los 90 cargamentos no identifica a todos los exportadores ni demuestra, por sí sola, que cada mipyme que importa combustible sea una empresa encubierta del Gobierno. Lo que sí hace es poner sobre la mesa un caso concreto que merece una investigación transparente, con nombres, documentos y responsabilidades.

La opacidad no puede ser refugio del poder

El problema de fondo es que en Cuba la frontera entre lo estatal y lo privado no siempre puede entenderse mirando únicamente los papeles. El Estado regula el mercado, conserva posiciones dominantes en actividades esenciales y decide hasta dónde llega la autonomía de quienes emprenden. En semejante escenario, la transparencia sobre la propiedad real de las empresas no es un lujo burocrático ni una exigencia inventada desde el exterior: es una condición elemental para saber quién compite, quién tiene privilegios y quién opera con ventajas que otros no poseen.

Si detrás de una sociedad privada hubiera funcionarios, familiares de dirigentes o intermediarios actuando por cuenta de entidades estatales, esa relación tendría que demostrarse con pruebas y hacerse pública. La opacidad no puede convertirse en sustituto de la evidencia, pero tampoco debería servir de refugio para el poder.

Hay, además, una ironía difícil de ignorar. Mientras el discurso oficial presenta la iniciativa privada como una vía para aliviar la crisis y dinamizar la economía, el combustible —un recurso del que dependen el transporte, la producción, los servicios y la vida cotidiana— sigue situado en el centro de una disputa donde intervienen intereses estatales, sanciones y redes comerciales poco transparentes.

Para el cubano que espera una guagua, pierde horas en un apagón o ve encarecerse los alimentos, estas operaciones no son una abstracción geopolítica. Son parte de un sistema en el que las decisiones se toman lejos de su alcance, mientras las consecuencias terminan instalándose en su casa. La cuestión no es idealizar a cada empresario privado ni suponer que todo negocio independiente actúa con limpieza; es exigir que las reglas sean claras y que nadie use la escasez como una oportunidad reservada para los cercanos al poder.

¿Cambió el dueño o solo e negocio?

El Gobierno cubano no puede reclamar credibilidad económica únicamente porque permita registrar empresas con nombres nuevos y estructuras jurídicas distintas. Si las operaciones comerciales terminan conduciendo a entidades estatales, si no se conoce con claridad quién controla determinadas sociedades o si los intermediarios ocultan al beneficiario real, la promesa de apertura queda sometida a una prueba elemental: demostrar quién manda y quién cobra.

El caso de ENETEC no autoriza a declarar que todas las mipymes sean fachadas, pero sí obliga a preguntar si la expansión del sector privado está acompañada de controles capaces de impedir que una apariencia de independencia encubra relaciones de poder que el público tiene derecho a conocer.

Al final, el viejo problema cubano sigue siendo menos jurídico que político: no basta con saber quién aparece como dueño, sino quién tiene la última palabra. El Gobierno que proclama una nueva etapa económica debe aceptar que la transparencia no se decreta en discursos ni se demuestra cambiando las etiquetas de las empresas. Se demuestra publicando información verificable, identificando a los beneficiarios finales y permitiendo que las operaciones sean examinadas sin privilegios ni zonas oscuras. Porque si el negocio parece privado, pero las decisiones, los recursos y los beneficios conducen al mismo centro de poder, no estaremos ante una transformación profunda del modelo, sino ante una pregunta que el país lleva demasiado tiempo esperando que alguien responda: ¿ha cambiado realmente el dueño o solo le han cambiado el nombre al negocio?