La ONU y el peligroso ejercicio de maquillar la tragedia cubana

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Por Jorge Sotero ()

La Habana.- Las declaraciones del coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Pablo Ruiz Hiebra, sobre las supuestas bondades de las transformaciones económicas y sociales que impulsa el Gobierno cubano constituyen un ejercicio de complacencia institucional que contrasta escandalosamente con la realidad que padecen los ciudadanos de la isla.

Hablar de desarrollo sostenible, de innovación, de oportunidades y de políticas destinadas a «no dejar a nadie atrás» en un país donde millones de personas luchan diariamente por conseguir alimentos, medicamentos y electricidad supone presentar una realidad que sencillamente no existe para la inmensa mayoría de la población. El representante de Naciones Unidas parece haber encontrado motivos para elogiar la gestión gubernamental allí donde los cubanos encuentran razones para la desesperación.

¿De qué transformaciones económicas y sociales habla Ruiz Hiebra? ¿Dónde están sus resultados cuando los salarios y las pensiones no alcanzan para comprar los productos más elementales para una semana, cuando la inflación devora los ingresos familiares y cuando conseguir alimentos se ha convertido en una batalla cotidiana? Cuba atraviesa la crisis más profunda de su historia, con prolongados apagones, hospitales afectados por la falta de recursos, escasez de medicamentos y servicios públicos cada vez más deteriorados.

Human Rights Watch documentó que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el país sufrió cinco apagones nacionales y ocho en lo que va de 2026, y que, según una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, siete de cada diez cubanos encuestados afirmaron saltarse comidas diariamente. Esa es la realidad que debería ocupar la atención del representante de la ONU, no los discursos triunfalistas de los funcionarios del régimen.

Los congresos y los discursos no resuelven nada

Resulta especialmente ofensivo invocar el propósito de «no dejar a nadie atrás» en una sociedad donde la pobreza se extiende, los ancianos sobreviven con pensiones miserables, las familias dependen cada vez más de las remesas del exterior y quienes no tienen acceso a divisas quedan condenados a una precariedad extrema.

Las supuestas transformaciones tampoco han conseguido resolver los problemas estructurales de una economía sometida durante décadas al control estatal, la planificación centralizada, la falta de libertades económicas y la ausencia de garantías jurídicas. No basta con organizar congresos, pronunciar discursos sobre cooperativismo o hablar de desarrollo territorial para demostrar que un país avanza. Los resultados se miden en la mesa de los hogares, en los hospitales, en las escuelas y en la capacidad de los ciudadanos para construir un futuro sin tener que emigrar.

Por supuesto, el embargo estadounidense existe y sus consecuencias económicas no deben ignorarse. Las restricciones de Washington, especialmente las relacionadas con el acceso a combustibles y financiación, agravan las dificultades de la población. Pero convertir el embargo en explicación universal de la catástrofe cubana es reproducir precisamente el relato que el Gobierno necesita para eludir sus propias responsabilidades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que la crisis humanitaria de la isla se desarrolla en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, problemas estructurales y ausencia de pluralismo político. Ninguna valoración honesta puede ignorar décadas de políticas económicas fallidas, decisiones gubernamentales, falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas. Señalar las consecuencias de las sanciones estadounidenses no obliga a guardar silencio sobre las responsabilidades del poder cubano.

El triste papel de la ONU en Cuba

Y hay otra realidad que tampoco aparece en las declaraciones de Ruiz Hiebra: la falta de libertades, la persecución de la disidencia, la censura y el encarcelamiento de ciudadanos por ejercer derechos fundamentales. ¿Puede hablarse de desarrollo humano sin libertad de expresión, sin prensa independiente, sin elecciones libres y sin posibilidades reales de exigir responsabilidades a quienes gobiernan? Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado la persistencia de detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y represión de la protesta pacífica.

Una organización internacional que aspira a defender los derechos humanos no puede evaluar el progreso de una sociedad únicamente a partir de los programas, congresos y proyectos que sus autoridades presentan. Tiene que escuchar también a las víctimas, a los ciudadanos que protestan, a las familias de los presos políticos y a quienes han tenido que abandonar su país.

El problema, por tanto, no es que Naciones Unidas mantenga relaciones de cooperación con Cuba, algo que forma parte de su mandato, sino que sus representantes terminen proyectando una imagen complaciente de un Gobierno que necesita desesperadamente legitimación internacional. La cooperación no debe confundirse con la convalidación política, ni el acompañamiento institucional con la aceptación acrítica de los discursos oficiales.

Ruiz Hiebra debería recordar que su responsabilidad no consiste en congraciarse con las autoridades cubanas ni en repetir sus argumentos, sino en contribuir a que la realidad de los ciudadanos sea visible y sus derechos respetados. Cuando millones de personas padecen necesidades elementales, elogiar las supuestas bondades de un modelo que no consigue garantizarles una vida digna no es una muestra de compromiso con el desarrollo: es darle la espalda a quienes más necesitan que Naciones Unidas los escuche.