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title: CUBA A MERCED DEL HAMPA
date: 2026-10-17T10:29:39Z
modified: 2026-10-17T10:29:39Z
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excerpt: La inseguridad ciudadana en Cuba es una alarma social. Robos, asaltos y asesinatos se multiplican. ¿Quién protege a los cubanos? Urge una respuesta estatal efectiva.
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Por Max Astudillo ()

La Habana.- Hay algo profundamente perverso en un país donde un hombre puede salir a la calle y no saber si regresará vivo por llevar una cadena al cuello, conducir un triciclo eléctrico o defender lo poco que ha conseguido reunir después de una vida de sacrificios.

En Cuba, las denuncias de robos, asaltos y asesinatos se multiplican en las redes sociales, mientras crece una pregunta que ya no se puede silenciar: ¿quién protege a los cubanos de quienes los despojan, los golpean y los matan? La inseguridad no es un simple comentario de Facebook; es una alarma social que el poder tiene la obligación de escuchar.

Los informes independientes confirman que el problema merece una atención urgente. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 90 homicidios durante el primer semestre de 2026, frente a 63 en igual período de 2025. No hablamos, por tanto, de una preocupación inventada por quienes critican al Gobierno, sino de cifras recopiladas a partir de hechos reportados públicamente, con las limitaciones que impone la falta de estadísticas oficiales completas. Cuando hasta la información más elemental sobre la seguridad ciudadana depende de observatorios independientes, la opacidad también se convierte en parte del problema.

## ¿Y el papel del Estado?

¿Y qué hace el Estado ante semejante panorama? Esa es la pregunta incómoda. Mientras las familias temen por sus hijos, los campesinos por su ganado, los trabajadores por sus bicicletas y los pequeños emprendedores por sus motos eléctricas, persiste la percepción de que el aparato policial resulta mucho más eficaz cuando se trata de vigilar al disidente, contener la protesta o perseguir determinadas actividades económicas que cuando un ciudadano corriente pide protección. No se trata de afirmar que cada agente esté ausente ni de negar que existan investigaciones policiales; se trata de exigir que la protección de la población sea una prioridad real, visible y medible.

Porque el contraste resulta escandaloso: un Estado capaz de movilizar recursos para custodiar a sus dirigentes, vigilar a sus críticos y fiscalizar hasta la forma en que un cubano intenta ganarse el pan debería ser igualmente capaz de garantizar que ese cubano no termine degollado por una bicicleta, apuñalado por una cadena o despojado de sus animales a punta de violencia. La autoridad que se hace omnipresente para controlar al ciudadano y parece insuficiente para defenderlo tiene que explicar sus prioridades. Gobernar no consiste únicamente en vigilar, prohibir y castigar; también consiste en proteger vidas.

Entonces, cuando aparecen videos de vecinos persiguiendo sospechosos, comunidades organizándose para recuperar bienes robados o ciudadanos entregando presuntos delincuentes, hay que preguntarse cuánto de esa reacción nace de la desesperación ante una respuesta institucional que consideran insuficiente. Que la gente se ayude y se organice es comprensible; que tenga que vivir con la sensación de que está sola frente al delito es inadmisible. Pero cuidado: detener a un sospechoso no equivale a demostrar su culpabilidad, y la indignación no puede justificar linchamientos ni venganzas. La justicia por mano propia no es una solución: es otra señal de que algo esencial está fallando.

## Una desgracia más

El Gobierno tampoco puede esconderse detrás de la crisis económica como si la miseria absolviera a quienes tienen responsabilidades públicas. La pobreza, los apagones, la inflación y la desesperanza pueden agravar las tensiones sociales, pero no convierten el asesinato en una fatalidad ni el robo violento en una consecuencia inevitable. La obligación del Estado es prevenir, investigar, detener conforme a la ley y garantizar procesos judiciales efectivos. Y tiene que hacerlo con transparencia, publicando estadísticas confiables, explicando los resultados de las investigaciones y demostrando que la seguridad no depende de la posición política, los contactos o el apellido de la víctima.

Lo más indignante es que el cubano ya carga demasiadas desgracias para tener que añadir el miedo a su lista cotidiana de preocupaciones. Tiene que luchar por la comida, soportar apagones interminables, buscar medicamentos y resolver lo imposible para mantener a su familia. ¿También debe organizar guardias vecinales para dormir tranquilo? ¿También debe convertirse en investigador, patrullero y perseguidor porque las instituciones no le ofrecen garantías suficientes? Un país no puede normalizar que la supervivencia dependa de la suerte, de la solidaridad entre vecinos o de que alguien consiga grabar al delincuente antes de que desaparezca.

La pregunta final no es si Cuba necesita más consignas, más discursos o más campañas propagandísticas contra las ilegalidades. Necesita seguridad efectiva, justicia sin privilegios y autoridades que rindan cuentas. Si hay policías suficientes para proteger el poder, tiene que haber una respuesta convincente sobre los recursos destinados a proteger al pueblo; si se persigue con tanta energía a quien protesta, debe explicarse por qué tantas familias denuncian sentirse abandonadas ante el delito. La primera obligación de un Estado no es blindarse frente a sus ciudadanos, sino garantizar que sus ciudadanos puedan vivir sin miedo. Y si el Gobierno cubano no es capaz de responder a esa obligación, tendrá que asumir el costo político y moral de su fracaso.

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