Por Ramón García Guerra ()
Habana.- Sabemos que la política de municipalización de la economía del Gobierno no empodera a colectivos y comunidades, sino que se reduce a una transferencia del gasto social del Estado al municipio.
Explica eso que ocurra hoy una reducción de las partidas del presupuesto del Estado que se refieren a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda. Luego en el modelo de economía al uso se mantiene la adjetivación económica del consumo a la producción y la subordinación administrativa de los CAMs al Consejo de Ministros.
Los efectos de la política de Estado en cuestión se están dando en el corto y mediano plazos; desde el aumento de la vulnerabilidad en amplios sectores de la sociedad, hasta las brechas que se abren en la gobernabilidad y que propician la formación de mafias locales.
También es esa la situación que se está dando con las empresas del Estado, donde se ha optado por mantener a flote a estas últimas y superar la quiebra del sistema con una asociación público-privado que parasita al sector no estatal de la economía.
Siendo así, la estafa y la extorsión se convierten en las claves de conservación del poder.
Luego la solución es subcontratar a pymes y cooperativas en la producción y los servicios, mientras que se aplica el monopolio del Estado en el comercio y las finanzas con el objetivo de mantener el control del proceso.
