Caracas.- Familiares y allegados de varios presos políticos que necesitan atención médica urgente piden medidas humanitarias al régimen de Nicolás Maduro para que estas personas sean atendidas de inmediato por médicos capacitados, una demanda negada reiteradamente.
Uno de los casos es el de la académica hispano venezolana Rocío San Miguel, quien pronto va a cumplir un año tras las rejas y ni siquiera se le ha iniciado un juicio ni le han permitido ser asistida legalmente por abogados de su confianza, denuncian gremios profesionales.
Los familiares de San Miguel han denunciado que ella requiere atención médica urgente por una fractura en su hombro derecho, ocurrida hace más de 6 meses.
«Pedimos una medida humanitaria, que le permita ser atendida por médicos de su confianza y ser operada en libertad», dice el Colegio Nacional de Periodistas sumándose a la campaña.
Otro preso en serios problemas de salud es el exalcalde del municipio Sifontes en el estado de Bolívar Carlos Chancellor, padre del futbolista John Carlos Chancellor, defensa de la selección nacional y del club Universidad Católica, de la serie A de Ecuador.
La pareja, la dirigente política de izquierdas, Carla Santeliz , divulgó un dramático video donde, entre lágrimas, le pide a Maduro una medida humanitaria.
Denuncia que Chancellor presenta una hemorragia ocular, depresión, diabetes, tinnitus y un tumor en crecimiento.
Por esta razón, solicita una medida humanitaria que le permita recibir atención médica especializada y recuperar su salud en casa.
«Actualmente, Carlos está completamente ciego, tropieza con todo y depende del apoyo de sus compañeros de celda para realizar sus actividades diarias», denuncia Santeliz.
Según cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay más de 1.600 prisioneros políticos, entre civiles y militares, dirigentes políticos, manifestantes comunes, estudiantes, sindicalistas, profesores, amas de casa, periodistas y defensores de los Derechos Humanos.
La mayoría de estas personas fueron apresadas en redadas o en secuestros selectivos en viviendas y en vehículos a cargo de agentes encapuchados después de la cuestionada elecciones del 28 de julio, cuando Maduro fue proclamado ganador sin presentar las pruebas y se desataron protestas callejeras en todo el país.
El régimen chavista dice estar enfrentando «amenazas fascistas» internas de golpe de Estado y califica todos los detenidos políticos de «terroristas» y «traidores a la patria».
En la larga lista de presos políticos que demandan atención médica por diversas patologías también resaltó en las últimas horas la dirigente regional Mayra Alejandra Castro Duarte, de 47 años, trasladada de emergencia desde la cárcel a un hospital en la población de Cúa, en los suburbios de Caracas.
Su estado de salud se ha deteriorado en los últimos días por una dolencia hepática, denuncian los familiares de Castro, apresada el el 2 de agosto de 2024 en el contexto de las protestas poselectorales. (ANSA)
