Por Jorge Fernández Era ()
La Habana.- Eso parece este 18 de enero. Hace veintidós meses Alina Bárbara López Hernández se paró en protesta pacífica ante el monumento a Martí del Parque de la Libertad de Matanzas, y veintiún que un grupo nada significativo la secundamos en diferentes plazas del país cada treinta días y en la misma fecha.
Los reclamos han sido: Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva Constitución, aplicable en todas sus partes; que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias en pobreza extrema; cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión, y libertad inmediata para los presos políticos cubanos sin exilio obligatorio.
La última de las demandas debería ser eliminada si nos tragáramos lo de la «decisión soberana del Estado cubano» de liberar a 553 personas que cumplen sanción, en coincidencia con «el sentido humanitario del sistema de justicia revolucionaria». No son liberados, la mayoría regresan a sus hogares sin indulto, a expensas de condiciones que tendrán que cumplir si no desean volver a prisión.
La decisión no es soberana, por mucho que se intente desvincularla del borrón de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Lo aplaudo, como aplaudiría la eliminación del bloqueo norteamericano a la Isla. Ambas ataduras no hacen sino reforzar la pobreza del pueblo, engordar a los dirigentes y apuntalar la ineptitud de estos para sacarnos del hueco.
Es cínico que se cite «el sentido humanitario del sistema de justicia revolucionaria». Un solo nombre de los exculpados serviría para desmentirlo: Luis Robles. Ese joven —ahí está el video, por si se osa alegar «patraña del enemigo»— salió con un cartel en el bulevar habanero a exigir exactamente lo mismo que muchos otros: que se libere a los presos políticos. o tiró una piedra, no rompió una vidriera, no agredió a nadie. Sus delitos de «sedición» y «desobediencia» no son imputables ni haciendo los malabares que se inventaron fiscales y jueces para encerrarlo por cinco años. La casi totalidad de los que continúan presos no hicieron otra cosa que protestar o documentar el descontento. Para colmo, les fueron impuestas penas excesivas, si no es excesivo llevarlos a los tribunales por ejercer derechos refrendados en la Constitución. De ahí que exijamos que TODOS —presos políticos, no vulgares delincuentes— se beneficien de tal «dádiva»..
Alina y yo somos los casos que más a mano tengo para graficar hasta dónde llega ese hipócrita «humanismo»: bastó que nos expresáramos en las redes sociales para que comenzara el acoso de Seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria y represores afines, quienes ejercen un terrorismo de Estado del que se vanaglorian. Nunca hemos utilizado la violencia, nuestras protestas son más pacíficas que los propios parques elegidos para ellas. Confiando en la «justicia revolucionaria», nos hemos dirigido a cuanto organismo debe velar por la legalidad, para solo lograr que se burlen de dicha legalidad y de nosotros. Si no, pregúntenle a la Fiscalía Militar General del Minint por qué son estas las horas en que no ha respondido a la reclamación presentada por mí el 28 de diciembre de 2023 con motivo de los chantajes y presiones contra mi hijo, mi esposa y otros familiares, realizados descaradamente por agentes del DSE.
Alina declaró hace pocas horas: «Si en un breve plazo Fiscalía no continúa el camino que fija la Ley de Procedimiento Penal para la farsa organizada por Seguridad del Estado, en la cual soy una de las instruidas por el cargo de atentado contra una exoficial de la policía, tomaré otras determinaciones».
Cuando publique esto, ella se dirigirá en breve hacia su protesta cívica de los 18. Una fractura de pie de la que no he sanado me impide aún acompañarla. Pero si detienen, encierran o agreden físicamente a Alina o a cualquier otro manifestante, desafiaré con determinación mi prisión domiciliaria de ventiún meses y tendrán que conducirme con muletas a donde les dé la gana, como si es a cubrir una de las 553 vacantes de las ya atestadas cárceles del país.
