Por Ramón García Guerra ()
La Habana.- ¿Quién duda que se repita lo que acaba de suceder con la demanda de Juan Pin Vilar en contra del ICRT que fue desestimada por el tribunal? Pero una cosa es la legalidad que impone el poder y otra cosa es la legitimidad que asiste a alguien que actúa en defensa de sus derechos.
Pienso en esto al leer los testimonios que revelan el estado de precariedad y humillación que sufren los discapacitados mentales que han sido recluidos en hospitales siquiátricos cubanos y que son tratados como bestias por instituciones de salud pública.
Creemos que quién se cruce de brazos ante esa situación es tan culpable como el Gobierno o las familias que descartan a ésos seres humanos. Debemos de crear Comités de Acción Cívica (CAC) en diversos ámbitos de la sociedad, así como fue creada una Asamblea por los cineastas en defensa de sus derechos y libertades.
Sabemos que la rebelión en contra de un régimen opresor no sólo es un derecho constitucional previsto en nuestra Carta Magna, sino que es además una solución extrema que acarrea la muerte de personas; algo que puede ser evitado con el empleo de métodos no violentos.
Entiendo que sería un error dejar pasar la oportunidad que se da hoy en Cuba, que nos permitiría crear conciencia cívica y superar los déficits democráticos del proceso; mientras que se capitalizan las cuotas de autonomía logradas por una sociedad que rehace hoy su tejido social y económico.
