Por Ciudadanía y Libertad (Editorial)
Matanzas.- En Cuba, la protesta social es reprimida mientras el régimen utiliza la coerción para convocar manifestaciones de masas que validen los intereses políticos de la clase opresora.
El 18 de marzo de 2023, al cumplirse cien años de la Protesta de los Trece —cuando un grupo de intelectuales cubanos interpeló al gobierno de Alfredo Zayas por hechos de corrupción—, la profesora Alina Bárbara López decidió conmemorar la fecha con una manifestación en el parque de La Libertad, de Matanzas. Su propósito: pedir la liberación de los presos políticos, la apertura del espacio cívico con garantías para el disenso, la atención urgente a ancianos, jubilados y familias en pobreza extrema, y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para una transición democrática.
A esta convocatoria se unieron paulatinamente personas de diversas partes de la isla, entre ellas Jorge Fernández Era, Jenny Pantoja, Pedro Albert y Wilber Aguilera, quienes han enfrentado una represión sistemática: detenciones, reclusión domiciliaria, cartas de advertencia, interrogatorios, acoso laboral e intimidación a sus familiares.
Hace dos días, Alina Bárbara y Jenny Pantoja volvieron a salir, como cada 18, bajo vigilancia, hostigamiento y procesos judiciales en curso como represalia por ejercer su derecho legítimo a manifestarse.
Mientras tanto, el Buró Político del Partido Comunista y las autoridades del régimen han convocado una manifestación para validar los intereses políticos y económicos de la élite militar, corrupta y opresora en el poder. Esta convocatoria, extendida durante toda la semana, se ha sostenido mediante coerción social y amenazas en centros laborales y de estudio, buscando garantizar la participación forzada de los ciudadanos.
Este patrón de represión sistemática y coerción masiva evidencia el carácter autoritario del régimen cubano, y constituye una violación de los estándares internacionales que garantizan el derecho de asamblea y manifestación pacífica. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Cuba es signataria aunque no lo ha ratificado, consagran estos derechos como fundamentales para la vida democrática. La represión de las protestas legítimas y la imposición de manifestaciones pro-régimen mediante coerción contradicen estos principios, revelando un modelo de control basado en el miedo, la manipulación y la fuerza.
