Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- La agenda de la próxima sesión del parlamento cubano confirma su disfuncionalidad en materia de política económica. La programación legislativa falsea la realidad, pospone acuerdos previos, e incluye temas pertinentes, pero secundarios.
El hecho de que a estas alturas los directivos del parlamento cubano se refieran a una “coyuntura económica compleja” y no a la crisis estructural del país probablemente no refleja tanto ignorancia como una perversa maniobra propagandística.
Es evidente que Cuba atraviesa una crisis estructural multifacética con causas en errores de estrategia y de política económica, pero el calificativo de “coyuntural”, tan entrañable para el discurso oficial, permite exculpar al partido comunista y al gobierno por sus desaciertos.
El parlamento cubano incluye de manera fija dos acciones económicas en cada sesión del mes de diciembre: la aprobación del plan de la economía y la ley de presupuesto estatal. La primera (el plan) consiste en avalar un texto que rápidamente se convierte en papel mojado.
Al referirse a que se hará “una estimación sobre cómo debemos cerrar el año actual”, los directivos del parlamento hacen una filigrana retórica para aludir a lo que ya el ministro de economía ha dicho que podía “intuirse”: decrecimiento económico en 2024.
Respecto al presupuesto, se dijo que el de 2024 presenta un “déficit considerable” y que para 2025 se planifica una “ligera tendencia a continuar disminuyendo el déficit”, pero se evade la referencia a que el presupuesto de 2024 fue un monumental caso de irresponsabilidad institucional.
La ley del presupuesto 2024 (aprobada en diciembre de 2023) incluyó la autorización de un déficit equivalente a 18,5 por ciento del PIB, que era el mayor a nivel mundial. Tanto el Ministerio de Finanzas que lo propuso, como el parlamento que lo aprobó, demostraron una imprudencia descomunal.
La prolongada disputa que parece existir a nivel de partido y de gobierno respecto a la ley de empresas, ha hecho que nuevamente esta no se incluya en la agenda de la próxima sesión. Se ha pospuesto reiteradamente desde que se programó inicialmente para julio de 2022.
Al postergar ad infinitum una ley que se supone que sea trascendental para la empresa estatal, pomposamente definida oficialmente como “sujeto principal de la economía”, el parlamento no solamente desacredita su gestión, sino también la política económica general del gobierno
