Por Miguel Alejandro Hayes (CubaxCuba)
La Habana.- Cuba no tiene un modelo económico. Esto quiere decir que su economía carece de un marco conceptual que posibilite la adopción de mecanismos óptimos de asignación de recursos y la armonía entre los diversos actores económicos para alcanzar objetivos nacionales (y de interés público) a corto, mediano y largo plazos.
Lo que sí tiene la economía cubana es un modelo administrativo que se utiliza en función de intereses personales —incluso caprichos (zafras, proyectos agrícolas y ganaderos delirantes, entre otros)— propios de una reducida élite militar(ista) que gobierna el país. Como resultado, la estructura productiva insular funciona, esencialmente, igual que un inmenso negocio de esa élite que, mediante la imposición y la represión, somete al Estado y al resto de los sujetos económicos bajo pretextos y dogmas ideológicos falsamente comunistas.
El modelo administrativo en cuestión aplicado a toda la economía, está basado en la «planificación», la cual, en el contexto cubano, no es más que la asignación vertical, centralista y arbitraria de recursos.
-I-
Es necesario destacar que dicho modelo administrativo ignora las necesidades y expectativas de los actores económicos que intervienen directamente en la creación de riqueza. Y es que el modelo distribuye rentas y salarios siempre por debajo de los valores necesarios para vivir. Según la legislación cubana, el salario mínimo desde 2020 es de 1910 pesos, y el medio es de 4648 pesos, mientras que el costo de la vida, de acuerdo con estimaciones realizadas por el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, gira alrededor de los 20 000 pesos mensuales para dos personas.
Ello se combina con un mercado laboral donde la utilidad de trabajar es menor que la de no trabajar, debido a que actividades económicas de comercio y reventa, en una simple operación, pueden reportar más ganancias que un salario mínimo; lo que ha generado durante décadas una masa de desocupados voluntarios. Esta realidad se evidencia en el hecho de que durante mucho tiempo el gobierno cubano legisló contra la desocupación con la conocida ley contra la vagancia, y durante décadas posteriores tipificó a la desocupación como «conducta delictiva»; lo que se traduce en que no ha habido en la normalidad revolucionaria un mercado laboral con personas disponibles y compitiendo por insertarse en el sistema empresarial estatal.
De tal forma, bajos salarios y fuerza de trabajo que no compite por puestos laborales, ofrecen como resultado, de manera masiva, el desincentivo al trabajo eficaz y la innovación.
Luego, si los salarios son sumamente inferiores al costo de la vida y las remesas promedio —tomando un estimado de 2000 millones de USD de remesas y una población de 8,62 millones de cubanos—, giran alrededor de los 20 dólares mensuales; usar recursos de la empresa o resultados productivos de esta para comerciar en el mercado informal, conocido como «invento», es la única opción disponible para muchos empleados.
De hecho, la política de empleo del socialismo cubano, que se ajusta a los principios del pleno empleo, está diseñada para «inflar» plantillas y crear un desempleo solapado para redistribuir la renta que generan los sectores productivos, y como mecanismo de control del Estado sobre los millones de asalariados.
Conclusión: la planificación condiciona el surgimiento de deformaciones en la asignación de recursos, tales como el robo y el «invento» en los centros de trabajo como formas de supervivencia.
-II-
Por otro lado, un poco más arriba en la estructura productiva, en los mandos intermedios e intermedios altos, los bajos salarios, relativamente hablando, también predominan (el salario máximo, por norma, es de 9510 pesos, que es inferior al costo de la vida mencionado anteriormente). En consecuencia, al igual que los implicados más directos en la creación de riqueza, el mando intermedio se ve obligado asimismo a usar los recursos y resultados productivos de las entidades económicas como forma de supervivencia e, incluso, de cierta gula económica. Ahí entra en escena la corrupción.
A ello se suma que estos cargos son desempeñados por personas al servicio de los intereses ideológicos —de control— y económicos de la élite en el poder, debido a que es esta la que decide quiénes ocupan esos espacios intermedios.
Dicha dinámica, en su etapa más reciente (menos de 10 años), hace que todas las empresas cubanas estén subordinadas a lo que el economista Humberto Blanco calificara como una suerte de «miniministerio», que son las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE). Estas fueron creadas, como refiere la legislación oficial, por decisión del Consejo de Ministros, los jefes de organismos de la Administración Central del Estado o los presidentes de los consejos de la Administración Provincial del Poder Popular, dígase: la élite y los altos mandos al servicio de esta.
En consecuencia, el sistema económico cubano crea desincentivos para que el personal administrativo haga lo que en teoría debería ser su trabajo (lograr que funcionen bien sus centros laborales), mientras lo empuja al compromiso con los cuadros políticos. De igual modo, para esos directivos y cuadros económicos, tener conocimientos avanzados de administración tampoco está condicionado por el modelo. Con ello, la toma de decisiones en mandos intermedios y el ejercicio de gestión no tienen relaciones causales con el crecimiento económico.
Conclusión: el modelo administrativo genera una distorsión en la asignación de recursos al gestar el escenario propicio para la corrupción de los recursos de los que dispone la clase administrativa; así como su servilismo y colaboracionismo con los intereses de la élite dominante son su modo de supervivencia y reproducción.
-III-
Por último, en el más alto nivel, se encuentra la élite ya mencionada, que no está sometida a mecanismos democráticos de control y revocación, ni a la separación de poderes (cuestión reconocida por la presidencia del país), por lo que, como demuestra la evidencia de décadas, no tiene incentivos para gobernar e imaginar metas en función de la satisfacción de las mayorías. De ahí que, con independencia de su condición moral, esta élite no posee ninguna obligación de hacer política económica o reformas, más allá de garantizar mínimos indispensables para su gobernabilidad.
Así lo ha demostrado ante los picos de la crisis estructural, sistémica y crónica de la economía cubana, ocurridos en los 90 y en los últimos años, pues sus respuestas han sido discretas aperturas que no implican un cambio esencial en la dinámica del modelo.
Lo anteriormente planteado permite afirmar que la ausencia de democracia en Cuba ha fomentado una interacción entre trabajadores, mandos intermedios y élite que genera un sistema productivo incapaz de ofrecer respuestas reales y oportunas ante situaciones de crisis. Por el contrario, el modelo agrava la crisis.
-IV-
Por si fuera poco, la posibilidad de una reforma económica de ese modelo administrativo (cambios que no vayan más allá de los límites admitidos por ese modelo cubano que se dice socialista) de cara a la eficiencia, se ve afectada por el mecanismo antes descrito de interacción entre los diferentes estratos productivos, en tanto la asignación de recursos funcional al desarrollo encuentra como obstáculo a todos aquellos mandos intermedios y altos (incluyendo la élite) cuyo modo de vida, que abarca relaciones de poder y situación económica, depende de esa «planificación», dígase asignación de recursos de manera vertical, centralizada y arbitraria, así como de la estructura política correspondiente. Luego, una reforma basada en criterios modernos de productividad implicaría la desaparición de esos grupos en el poder y sus favorecidos mandos intermedios.
No hay modo entonces de que sea viable la economía cubana sin una profunda reforma o, mejor dicho, un cambio político total que democratice el modelo.
Miguel Alejandro Hayes
Economista y periodista.
