Por Joel Fonte
La Habana.- La legitimidad de las normas jurídicas que un Estado implementa, no deben buscarse en la existencia de la norma legal en sí misma, en su aspecto formal, lo que es prerrogativa de los órganos que ese Estado autoriza dictar.
No; la legitimidad parte de la coincidencia entre el interés general de la sociedad y su reflejo en esas normas habida cuenta su contenido; parte además de que esos órganos facultados para dictarlas hayan adquirido tal autoridad en un contexto democrático, que la legitimidad de su autoridad sea real porque su existencia no surge de un Poder arbitrario, obtenido por la violencia o el fraude, sino conforme a lo que se entiende como Estado de Derecho…
Visto así, la legitimidad de las leyes en Cuba es nula, porque el aparato mismo del Estado parte de una concepción antidemocrática, de la existencia de un régimen que ha cercenado la institucionalidad republicana instalando un Partido que ha carcomido los pilares de la convivencia y el orden social.
Las más criminales dictaduras de la historia moderna -como antes era la tradición monárquica- han sido validadas con normas de derecho, y los crímenes más atroces cometidos por ellas tenían legitimidad por estar amparados en normas.
Y ante esa ilegitimidad del Poder, la desobediencia en un derecho.
