Por Eduardo Díaz Delgado ()
La Habana.- La Fiscalía de Nicolás Maduro ha anunciado que imputará seis delitos graves a cualquier persona que publique digitalmente las actas electorales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Tarek Williams, através de un comunicado en la red social X (siguen usando X), detalló que en la investigación penal serán imputados los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración.
El fiscal general del régimen venezolano, informó que el Ministerio Público abrió una investigación contra los responsables de la creación, publicación y mantenimiento de la página web donde la líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González colgaron el 83,5 por ciento de las actas de las presidenciales del 28 de julio, con las que aseguran se prueba el fraude electoral.
La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en una sociedad democrática y los resultados electorales, como expresión de la voluntad popular, deberían ser de dominio público. Cuando el Estado no cumple con su obligación de proporcionar información de manera oportuna y accesible, puede generar frustración y desconfianza en la ciudadanía.
El pueblo venezolano ha salido en masa a protestar ante la opacidad de los resultados y la posibilidad de que les sea robada la voluntad popular reflejada en las elecciones.
La negativa del gobierno de Venezuela a ser transparente y su reacción ante los intentos de aclarar los resultados torna la situación más inquietante e induce la duda razonable sobre el fraude con mayor fuerza.
La situación es preocupante y requiere atención internacional.
