APELAR A LA LUCHA ARMADA NO CONVIERTE A UN HOMBRE EN TERRORISTA

La Habana.- Cuando el fallecido dictador Fidel Castro fue juzgado y sancionado en la causa 37, del tribunal de urgencia de Santiago de Cuba, no lo fue por realizar mítines políticos o llamar a la huelga pacífica, sino por organizar clandestinamente a 135 hombres y ejecutar una acción armada a fin de derrocar al régimen en el Poder.

Esa acción, que cobró muchas vidas, envió a Castro a la cárcel por solo unos años, hasta que fue anmistiado.

Así pues, en la noche del pasado 8 de julio, el mismo régimen que ha arrebatado a los cubanos todos los derechos y libertades por más de seis décadas, instalando una férrea dictadura en lugar de aquella que antes derribó, dió a conocer a través de sus medios masivos de propaganda la tramitación de una investigación en cuanto a hechos de naturaleza similar que con el empleo de armas perseguían desestabilizar el régimen.

Destaca aquí la ilegal manipulación de un proceso penal en curso, dando a conocer como probados hechos aún en investigación, y que en consecuencia no han sido juzgados ni sancionados.

El régimen castrista viola así el principio constitucional de presunción de inocencia.

Es la misma interferencia en la administración de justicia que cínicamente cuestionan al gobierno norteamericano.

Luego, se advierte que el fin verdadero de la «denuncia» es infundir temor sobre la población y paralizar cualquier acción, incluso pacífica, tendente a demandar esas libertades secuestradas.

El término «terrorista», en principio, no describe en el derecho internacional las conductas que ilegalmente se han hecho públicas, entre otras razones, porque la rebelión contra la tiranía y la opresión que se ejerce contra los pueblos es un derecho último que le es reservado a estos en instituciones de derecho como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Significa esto que quien apela a la lucha armada para derrocar al castrismo no comete delito.