Por El Estado como tal ()
La Habana.- Aun faltando detalles, la reciente afirmación del primer ministro de Cuba acerca de que a las empresas estatales “las dejamos deteriorarse para después justificar su privatización” es uno de los más perturbadores atisbos de la incompetencia de la gestión pública cubana.
El poder corruptor de empresarios y funcionarios se manifiesta en muchos países, pero más allá de casos específicos, la cuestión que debería tratar de entender el gobierno cubano es por qué la “descentralización” de la gestión pública ha vigorizado un “mercado de corrupción”.
La sucinta descripción de la corrupción ocurrida en una provincia cubana parece indicar casos de soborno (del lado de empresarios) y fraude en el precio de contratos públicos (del lado de los funcionarios) ¿Por qué hay incapacidad sistémica para evitar ese tipo de fraude?
El procesamiento de empoderamiento de funcionarios locales se ha producido en Cuba con endeble control gubernamental y en ausencia de mecanismos de control popular basados en información de contratos públicos que sea accesible en portales de transparencia.
Hasta donde conozco, existe una resolución del Ministerio de Comercio Interior para el arrendamiento de locales estatales a privados (que se dice que está siendo violada), pero en Cuba no existe una normativa actualizada para contratos del sector público.
La “descentralización” hacia gobiernos locales (incluyendo contratos, precios y controles) no es un problema en sí mismo. Lo que es un problema es asumir que, para evitar la corrupción, la lealtad política de funcionarios es más efectiva que el control popular basado en la transparencia.
En condiciones de crisis de la empresa estatal, expansión del sector privado, pérdida de valor de salarios estatales y controles insuficientes, la adición de capas de funcionarios con capacidad para “captar rentas” funciona como un componente sistémico de corrupción pública.
