Por Manuel Mamani ()
La Paz.- No hay un país en América que haya sufrido más golpes de Estado que Bolivia. Los gobiernos del país del altiplano han estado siempre a merced de los militares, quienes en múltiples ocasiones entraron al Palacio Quemado como Pedro por su casa, quitaron al gobernante de turno y plantaron en el poder al que a ellos se les ocurrió, casi siempre a un militarote con charreteras de general.
Tan temprano en la historia de Bolivia como el 18 de abril de 1828, se produjo el primer cuartelazo, nada menos que con Antonio José de Sucre como presidente. Ese día, el general José María Pérez de Urdininea enseñó el camino de lo que sería la historia posterior del país.
La víspera, el general Juan José Zúñiga Macías, el conocido ‘General del Pueblo’ y excomandante en jefe del Ejército, pretendió inscribir su nombre en la lista de los que llegaron al poder por la fuerza, pero luego de unas horas de incertidumbre todo volvió a la normalidad: el golpista fue detenido y la tranquilidad, muchas veces volátil, de la capital boliviana, volvió a reinar.
Zúñiga, al frente de un grupo de militares y con una docena de blindados, derribó la puerta de entrada del Palacio de Gobierno e intentó hacerse del poder por la fuerza, pero el gobierno de Luis Arce mantuvo la compostura, no le dio por salir huyendo, y los militares fieles se hicieron con la situación nuevamente, mientras el golpista declaraba a los medios, cuando era arrestado, que todo había sido planeado por el propio presidente para recuperar una parte de la popularidad perdida.
Zúñiga fue ratificado en enero de este año en el cargo de comandante en jefe del Ejército, como parte de un proceso de alternancia de poder en las Fuerzas Armadas, que se realiza cada año y que permite que un alto oficial, casi siempre el mejor graduado de su curso en la academia militar, si mantiene su trayectoria, se convierta en el hombre fuerte de la casta militar, aunque el cargo principal, el de Capitán General, corresponde al jefe de Estado.
Con Zúñiga, sin embargo, todo fue diferente. No fue el mejor de su graduación. Solo ocupó el puesto 48 entre 65 cadetes en la graduación de 1990, pero se codeó desde temprano con los movimientos sociales, que suelen tener mucha fuerza en Bolivia y eso le permitió escalar posiciones, hasta conseguir que lo nombraran comandante en jefe.
En su carrera fue también jefe del Estado Mayor y en más de una ocasión estuvo en el foco de atención, bajo acusaciones de corrupción, como en 2013, cuando lo acusaron de haberse apropiado de casi tres millones de bolivianos -unos 220 mil dólares al cambio actual- pertenecientes al bono Juancito Pinto, un programa destinado por el entonces gobierno de Evo Morales para los niños con bajos recursos.
En su contra pesaron también acusaciones de narcotráfico, algo que en este país no es nada raro, así como de contrabando en la frontera. El general Luis Begazo, quien lo acusó de tráfico de estupefacientes, fue suspendido sin más detalles y hasta el propio Morales, de quien se creía que era el protector de Zúñiga, lo increpó por supuestos planes para desacreditarlo.
A pesar de esos antecedentes, que nunca se pudieron probar, como suele pasar en Bolivia con los grandes jefes militares, a Zúñiga lo nombró Arce como comandante en jefe, aunque la situación llegó a tal punto que pensó seriamente en destituirlo.
Desde principios de semana, comenzaron a correrse rumores de que Arce destituiría a Zúñiga, algo que ocurrió el lunes, vinculados con unas declaraciones de este de que no permitiría, bajo ningún motivo, que Evo Morales volviera a gobernar en Bolivia, en tanto advertía de que era hora de ponerle fin a gobiernos que tuvieran relación con el Movimiento Al Socialismo, el partido de Morales y por el que llegó Arce al poder, aunque ahora se ha fragmentado, entre los partidarios del actual mandatario y los seguidores del líder cocalero.
Lo cierto, Bolivia superó una situación difícil, sobre todo porque la comunidad internacional no apoyó la intentona golpista, la OEA se pronunció en defensa de la constitucionalidad y hasta los propios presos políticos que Zúñiga prometió liberar, como la expresidenta Jeanine Áñez, y el líder opositor Luis Fernando Camacho, condenaron el intento de golpe.
Para Bolivia fue una señal de alerta, en medio de las ultrapolarizada situación política y la puja por el poder, que involucra a líderes de todas las tendencias, incluyendo el diferendo entre Arce y Evo Morales, otrora aliados y ahora enemigos irreconciliables.
Arce fue ministro de Economía de Morales durante casi todo su periplo como presidente y solo estuvo fuera del gabinete de ministros durante un año, por problemas de salud. La bonanza económica de la segunda década de este siglo tuvo a Arce como artífice y eso permitió que fuera electo presidente en los últimos comicios, como representante del MAS y a propuesta de su otrora tutor.
Lo de Zúñiga fue solo una señal de alerta, un llamado de atención, en un país donde la casta militar estuvo acostumbrada desde siempre a imponer sus condiciones y esos rezagos siguen vivos, sin que el gobierno, con las manos amarradas ante ellos, pueda hacer nada para reducirlos a los cuarteles y terminar para siempre con sus ínfulas de poder.
