Por Jorge Sotero ()
La Habana.- La desmedida fiebre de poder, y el miedo a perderlo, ha llevado al gobierno cubano a emular a sus amigos de Nicaragua, que es como decir a la familia Ortega-Murillo, y ahora se alistan para decidir sobre la nacionalidad de los que nacieron en la isla, por decretos redactados e implementados por ellos mismos.
Hace un año y medio, poco más o menos, la satrapía nicaragüense despojó de su ciudadanía a más de 300 opositores políticos. Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, el matrimonio que rige con mano de hierro en el país centroamericano, todo el que no se someta a su voluntad, no merece ser ciudadano pinolero, como si eso lo pudieran cortar de un tijeretazo, como un mechón de cabellos.
En una muestra de autoritarismo desmedido, 222 personas, primero, y 94 después, perdieron su ciudadanía. Eso quiere decir que ningún consulado nicaragüense, en ningún país del mundo, emitirá un pasaporte a su nombre, y a menos que otra nación los acoja y les dé todos los derechos, pasarán a ser unos apátridas, por la santa voluntad de quienes se han pensado que el país es suyo.
El mundo clamó contra el descarrío de los aberrados Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hubo un poco de ruido, pero al final alguien volteó la página y la vida siguió. Y ahora, sus colegas de La Habana, cortados por la misma tijera, pretenden hacer lo mismo. De buen maestro, el castrismo quiere convertirse en alumno aventajado. Por eso se llevan tan bien, se dan la mano, se defienden mutuamente, y aplican las mismas políticas, sin escrúpulo alguno.
En Nicaragua se mueren los opositores, aunque se hayan pasado al mismo bando, como pasó con el candidato a alcalde de Managua, el famoso boxeador Alexis Arguello. En Cuba, en un accidente dudoso, pierde la vida Oswaldo Payá, por mencionar solo dos ejemplos. Uno en el continente, otro en la isla, para no ser menos.
Daniel Ortega encierra al que levante la voz en su contra y le entrega poderes ilimitados a su esposa e hijos, que lo controlan todo en el país. Cuba manda a las prisiones a más de mil jóvenes por pedir pacíficamente un cambio, y reparte el pastel entre sus más cercanos: primero los Castro, después los Castro, y luego los amigos de los Castro. Y como si esto les pareciera poco, ahora van a por la ciudadanía de aquellos que ellos consideran que no se adaptan a la condición política que impera en el país.
No les basta con prohibir la entrada a Cuba de cubanos que viven fuera, con impedir que unos vuelvan y otros salgan. No es suficiente con el régimen de terror implantado, con la condena al silencio de todas las voces, van a por más. Ahora intentan lanzarse contra aquellos que tienen en el punto de mira, porque, según el artículo 56 del Proyecto de Ley que manejan, «La privación de la ciudadanía cubana tiene lugar como resultado de una decisión administrativa dictada por el presidente de la República de Cuba».
Es algo así como que alguien que no sabe como ostenta el referido cargo, porque nadie lo eligió para él, se toma la atribución de decidir quién puede ser cubano o no, solo por el hecho de disentir, por intentar cambiar el orden constitucional, por sacar a los que han estado en el poder desde hace 65 años y establecer un gobierno digno.
Los que dirigen saben que los cubanos ya no quieren vivir en Cuba, que cualquier lugar, aunque sea otra pobre isla del Caribe, o un remoto país del océano Índico, es preferible a una destartalada calle de La Habana, pero lo de la ciudadanía es otra cosa. No se puede privar a una persona de algo que nació con él, Sería como cortarle la lengua para que no se exprese contra el gobierno, o prohibirle por decreto hablar en español.
Esa es otra de las locuras o arbitrariedades del régimen, que se enrola en estas cosas en momentos en los cuales deberían estar preocupados por proyectos para resolver los ingentes problemas de transporte, la escasez de medicamentos, o acabar de una vez con el hambre. Pero no, a ellos no les importan ninguna de esas cosas, porque su vida es buena, tranquila, apacible y solo pretenden que lo siga siendo, aunque tengan que aprobar leyes y decretos que vayan contra toda lógica.
A fin de cuentas, nunca han tenido en cuenta la opinión pública, no han respetado los derechos humanos, y no ven razones para hacerlo desde ahora. Cuba es de ellos y los demás, creen, estamos prestados acá hasta que ellos decidan.
