Por Manuel Viera
La Habana.- Retirar la ciudadanía a una persona nacida en ese territorio constituye un acto violatorio de los Derechos Humanos. Así lo establece la Declaración Universal en su artículo 5, donde dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y no puede ser privada arbitrariamente de ella ni a cambiarla. La ciudadanía es un derecho de cada ser humano y constituye un elemento fundamental de la nacionalidad.
Algunos países lo establecen, incluso, de forma explícita en su constitución. En México, por ejemplo, en su artículo 37 apartado A establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
En Cuba circula hoy un proyecto que plasma la posibilidad de privar de su ciudadanía a cubanos nacidos en la isla, donde el presidente, como si de un Dios se tratara, puede decidir si un cubano puede o no ser cubano.
Algunos de los motivos para retirar la «cubanía» resultan muy discriminatorios, como aquellos que se refieren a cuestiones políticas. Esto constituye por sí mismo otra violación de los derechos humanos al discriminar personas por su ideología.
El artículo 2 de la Declaración Universal expresa que «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole…»
Es muy ambiguo todo esto. Un acto contrario al socialismo puede ir desde pensar de forma diferente, gritar una consigna, escribir un cartel o hacer una simple publicación en Internet, dando al presidente, que ni siquiera es electo por su pueblo, poderes sobrehumanos que van más allá de instrumentos internacionales. Dejar a un cubano sin ciudadanía, es desterrarlo de su tierra, la tierra a la que tiene derecho por nacimiento y constituye una aberración en el siglo XXI que pareciera más bien propia de la metrópoli española del siglo XIX.
No es una práctica nueva en la Cuba «revolucionaria», es algo que ya han hecho desde las sombras de un limbo jurídico. Sin embargo, intentar legalizarlo y que se apruebe en una suerte de «edicto imperial» como instrumento jurídico, es una aberración a la que tendría que oponerse todo jurista que se deba a la justicia y la defensa de un verdadero estado de derecho.
Manifiesto mi desacuerdo con este artículo del proyecto por considerar que con el objetivo de emplear la ciudadanía como un arma política, pretende erigirse como la legalización de lo que es una violación de los derechos humanos fundamentales de los cubanos en lo referido a su derecho a ser ciudadano de la tierra que los vio nacer, sin poder ser privado de la nacionalidad y en lo referido a no ser discriminado por motivos políticos.
Me opongo firmemente como jurista a lo que pretende constituirse como la legalización de una gigantesca arbitrariedad.
