Por Fabio Fernández ()
La Habana.- Nadie puede poner en duda la crítica situación que enfrenta la economía cubana. La convergencia de variables estructurales y coyunturales configura un escenario que amenaza la gobernabilidad del país. El bloqueo estadounidense, los efectos aún latentes del trastorno pandémico y el impacto del clima de guerra que impera a nivel mundial, se entrecruzan con las falencias históricas del modelo asumido tras el triunfo de la Revolución y con el deficiente resultado de las reformas promovidas en los últimos años.
Respecto a lo que viene de afuera, poco puede hacerse, pero, en relación con lo interno, es innegable que hay inercia, inacción y problemas de diseño e implementación en las medidas que desde el gobierno se impulsan; es decir, existe aquí, margen para operar.
Desde el ya lejano VI Congreso del Partido (2011) se delineó una ruta de transformación, recorrida con mucha inconsecuencia. Contextos favorables para actuar han sido desaprovechados; tampoco emergen avances contundentes o una secuencia lógica en la puesta en vigor de los cambios necesarios.
En el año 2021 se implementó el denominado Ordenamiento Monetario, conjunto de disposiciones largamente planificado que fracasó estrepitosamente, en su propósito de erigirse como base del salto cualitativo para el despegue de la economía nacional.
Esta iniciativa implicó en la práctica la demolición de los diques que –al menos desde los años noventa– habían protegido medianamente a la ciudadanía, de los desequilibrios y desajustes económicos. Cual inundación incontenible, el cieno lo anegó todo, del mundo empresarial a la cotidianidad de las familias.
Al desastre que supuso el Ordenamiento, reconocido de forma tibia por el propio discurso oficial, se le intenta combatir, ahora, a través del Programa de Estabilización Macroeconómica puesto en marcha. Sin negar los fundamentos correctos que dan vida a este, resulta irrebatible que sus primeros impactos se manifiestan como un ajuste que golpea a las personas en su diario bregar. Parece como si empezara a gobernarse en plenitud, de espaldas al pueblo, sobre la base de una razón económica de Estado que obliga a implementar variadas acciones, claramente impopulares.
Es evidente que un país no puede vivir anclado a un sistema de subsidios y que los precios de los bienes y servicios deben equilibrarse con los costos; pero no ha de pretenderse que, sin medidas compensatorias, el peso del sacrificio a asumir caiga sobre los hombros de una ciudadanía empobrecida que ve a sus estáticos salarios perder –a pasos agigantados– poder adquisitivo.
Buena parte de lo mejor de nuestro gremio de economistas subraya que este no es el camino, que la secuencia del ajuste es otra y que ella demanda el acompañamiento de una lógica de apertura que va, del redimensionamiento de la empresa estatal, a la modificación de la estructura de inversiones, por solo mencionar dos aspectos esenciales.
Ahora bien, todo lo implementado en este instante tiene costos sociopolíticos inmensos. Las grandes mayorías chocan con una realidad que se complejiza, les toca interactuar con una inflación que, a todas luces, se incrementará bajo el impacto de las medidas tomadas. Entonces, la gente llega a sentir que se gobierna en contra de sus intereses, que desde el poder se les perjudica, que no hay una identificación del liderazgo con el doloroso andar cotidiano de los más.
Todo ello contribuye a la erosión y fractura de los consensos y, en consecuencia, abrirá el camino para la materialización de una crisis política que empieza a esbozarse. Si no se rectifica o corrige el rumbo, desde la idea de establecer equilibrios entre el necesario ajuste y la defensa de políticas sociales dirigidas a evitar la penuria de amplias capas de la sociedad, el proceso en curso profundizará el deterioro del capital político del liderazgo y, con ello, de su suficiencia de interacción con la realidad.
La prueba de fuego para legitimar el proyecto político vigente en Cuba está sobre la mesa. Si no se escucha a la población, si no se toma nota de las ideas que emanan desde la base y transitan a través de todos los canales existentes para la retroalimentación del sistema, este corre el riesgo de ver erigirse, frente a sí, una corriente de opinión desfavorable, capaz de ganar plena conciencia de su potencialidad, a través de actos de protesta. Tal dinámica se complejizaría, si tenemos en cuenta los escasos mecanismos existentes, de cara a la expresión pública del disenso.
La economía cubana cruje al calor de sus contradicciones y, en consonancia, el país se agita. Quizás, una mirada superficial perciba la realidad en calma, pero el vapor de agua se acumula en la caldera, al compás de una cuota normada que no alcanza y llega incompleta, de una cola de horas para montar en un ómnibus, del precio de la malanga, del costo del viaje Habana-Guantánamo para ver a una madre enferma, de un hijo en la primaria que no tiene frente a sí a los maestros necesarios, de un familiar en el hospital que no recibe la atención requerida, de una madre que sufre la partida de un hijo y de un joven al que no acaba de llegarle el parole. Urge escuchar el reclamo ciudadano y tener la energía y el compromiso para hacer política.
