LAS PROTESTAS EN CUBA Y LA NUEVA NORMALIDAD

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Por El Estado como tal
La Habana.- Las recientes protestas populares en Cuba pudiera ser un adelanto del tipo de oposición ciudadana que encontraría la anunciada eliminación del sistema de racionamiento de alimentos y pudiera presagiar un mayor desgaste del componente “justiciero” del sistema político.
La “solución” derivada de las informales “rendiciones de cuentas” desde azoteas incluyó subsanar atrasos en la entrega de una magra canasta familiar normada, en sitios específicos. La situación será más complicada cuando, en vez de “atrasos”, se trate de “eliminación”.
Parecen subestimarse los riesgos políticos de la implantación de un nuevo esquema basado en mercados con altos precios, divorciados de los ingresos del trabajo, en combinación con un programa relativamente limitado de atención a “vulnerables”.
Oficialmente se dice que no es sostenible el sistema de ventas normadas de alimentos que solamente cubre un por ciento de las necesidades. Y eso es cierto, pero no se dice algo que también es cierto y que es más importante: lo que no es sostenible es el modelo económico general.
Se insiste oficialmente en adjudicarle una naturaleza “no política” a las recientes protestas, minimizando sus reclamos abiertamente políticos, p.ej. “libertad”, y a pesar de que las peticiones aparentemente “económicas” fueron interpelaciones directamente políticas.
No escasean los análisis sobre la naturaleza política de las demandas económicas en Cuba y no es necesario repetirlos. Solamente agrego que evaluar lo ocurrido desde la perspectiva del racionamiento contribuye a entender mejor esa naturaleza política.
Cuando ciudadanos salen a protestar por apagones y atrasos en la entrega de la canasta familiar normada hay una dimensión de crítica por ineptitud técnico-administrativa en la gestión gubernamental, pero esa no debería ser la preocupación mayor del gobierno.
Lo más preocupante para el gobierno debería ser lo que parece un proceso acelerado de quiebra de confianza ciudadana en una función gubernamental presentada hasta ahora como crucial: el aseguramiento de la justicia social.
El relato oficial cubano de justicia social no ha presentado tradicionalmente la “inevitabilidad” del racionamiento como el típico resultado de la escasez en esquemas de planificación centralizada sino como una virtud “justiciera”.
La aceptación popular del racionamiento generalizado de alimentos básicos descansa en la premisa de que puede confiarse al gobierno la responsabilidad de distribuirlos no solamente de manera efectiva y a tiempo, sino sobre todo de manera “justa”.
El racionamiento de alimentos básicos a escala de toda la sociedad en Cuba no es simplemente un mecanismo administrativo para gestionar desbalances de oferta-demanda. Existe en un contexto de percepciones culturales y de instituciones.
La crisis ha acelerado los planes para reducir el racionamiento, pero no hay evidencia de que haya una alternativa oficial creíble. De hecho, el programa de estabilización macroeconómica y para “reimpulsar” la economía ni siquiera se ha expuesto en detalle.
Sin respuesta de oferta se desvanece aceleradamente en Cuba el lado “justiciero” del racionamiento, se visibiliza su expresión como fracaso económico, y es cuestionable que un plan limitado de atención a los “vulnerables” compense la desconfianza ciudadana.
Probablemente alguien diría que las recientes protestas no afectaron significativamente la “nueva normalidad” del país, pero lo que debería cuestionarse es si hay evidencias de que la construcción de esa “nueva normalidad” marcha bien.

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