Redacción.
La Habana, – A primera vista pareciera que el gobierno cubano es tolerante con la libertad religiosa en la ínsula, sin embargo un reciente reporte de la organización de vigilancia Christian Solidarity Worldwide, (CSW) con sede en el Reino Unido, indica que por lo menos se han verificado 622 violaciones a este derecho humano durante el 2023 .
CSW constató que las mayores violaciones tienen que ver con los sucesos del 11J, debido a la práctica de las tácticas de línea dura, especialmente contra consejeros espirituales, pastores cristianos y algunos sacerdotes católicos que osaron prestar asistencia a los familiares de los apresados y condenados durante las protestas ciudadanas a lo largo y ancho del país.
El informe de la CSW de marzo de 2024 titulado «Represión y resistencia: un regreso a las tácticas de línea dura» (puede descargarlo aquí) destaca la legislación represiva y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que han afectado a líderes religiosos y congregaciones de diversas religiones, incluidos grupos afrocubanos, Testigos de Jehová, protestantes y católicos romanos.
El gobierno cubano, tras las protestas del 11 de julio de 2021, intensificó sus medidas represivas, dirigidas a grupos y líderes religiosos con una legislación cada vez más dura. Tanto las asociaciones religiosas registradas, como las no registradas, son sometidas a vigilancia intrusiva, repetidos interrogatorios y amenazas destinadas a sofocar sus actividades religiosas.
«El gobierno siguió centrándose especialmente en atacar a los líderes religiosos y a las personas que ofrecían apoyo espiritual o material a las familias de los presos políticos», afirma el informe. «Los líderes religiosos y sus congregaciones que intentaron responder a las necesidades humanitarias, que se han vuelto cada vez más agudas en muchas partes de la isla, fueron acosados, multados y, en muchos casos, vieron confiscada la ayuda que intentaban distribuir».
Entre las diversas violaciones de derechos destacadas en el informe se encuentran líderes religiosos que fueron amenazados y presionados para expulsar a familiares de presos políticos de sus congregaciones como parte de una «política de aislamiento social». A los presos políticos se les negaron visitas religiosas o el derecho a recibir materiales religiosos. Los niños fueron sometidos a abusos verbales en la escuela «debido a sus creencias religiosas». Los líderes de grupos religiosos no registrados sufrieron acoso, amenazas y multas.
«A quienes el gobierno consideraba disidentes se les impidió repetida y sistemáticamente asistir a los servicios religiosos, normalmente mediante detenciones arbitrarias de corta duración», añade el informe. «La ola de emigración no mostró signos de disminuir, y muchos de los que abandonaron Cuba alegaron amenazas de prisión y pérdida de la custodia de sus hijos ante el Estado».
El informe dice que los líderes religiosos y las congregaciones que ofrecen apoyo a las familias de los presos políticos o participan en esfuerzos humanitarios han encontrado obstáculos importantes que han afectado gravemente su capacidad para atender las necesidades de la comunidad.
Los grupos religiosos no registrados han sido los más afectados por las tácticas del gobierno, enfrentando acoso regular y amenazas de multas.
«Les dije que pertenezco a una iglesia cristiana, no a una iglesia contrarrevolucionaria. Soy un creyente en Dios y un seguidor de Cristo. No pertenezco a una alianza contrarrevolucionaria, sino a una unidad que construye alianzas entre pastores que apoyarnos unos a otros para servir, con mayor excelencia, a la isla cubana», dijo un líder religioso anónimo a los investigadores de CSW.
«Les dije que pueden hacer conmigo lo que quieran, pero no dejaré de asistir a la iglesia. Daré el mismo trato a los cristianos de cualquier denominación, que a cualquier ciudadano, comunista o no. Les dije que si me quieren quitar los derechos por haber brindado… servicios, o ir a la iglesia, que así sea”.
La estrategia del gobierno va más allá de la mera represión, utilizando el aislamiento social y la detención arbitraria de corta duración, lo que ha provocado una notable ola de emigración a medida que los cubanos huyen de la isla, citando amenazas de prisión y medidas coercitivas contra sus familias.
