Por Jorge Fernández Era ()
La Habana.- El pasado viernes 26 de enero mi hijo recibió en Toledo 2 la visita de un capitán de la Dirección de Establecimientos Penales (DEP) del Ministerio del Interior, como atención al reclamo presentado por mí ante la insistencia del agente Yordan en amenazar y chantajear personalmente a Eduardo Luis de «asumir las consecuencias» si no logra que su papá deje de escribir en las redes.
Una semana después, el viernes 2 de febrero, fui citado ante ese órgano en 15 y K, Vedado, para recibir una respuesta. Esta, consistente en unos pocos párrafos que no llenan una cuartilla, y de la que, como es ya común, no se me entregó copia, expresa que la prisión Toledo 2 no solo «trata bien a mi hijo», sino que «no tiene nada que ver» con el actuar hacia él de los agentes Yordan y Manuel de la Seguridad del Estado. Que si bien la separación desde diciembre de la brigada de trabajo y el respectivo confinamiento cumplen órdenes de la Seguridad, el hecho no constituye un castigo para Eduardo Luis, pues «el trabajo en los centros penitenciarios no es obligatorio». Que si tengo alguna denuncia contra Yordan y Manuel, debo dirigirme (oigan esto) al DTI de la calle Sarabia o en su defecto a un organismo superior, imagino que Villa Marista.
Es poco menos que cínico que la Dirección de Establecimientos Penales se limpie las manos con el asunto, y hasta me plantee que debo presentar alguna prueba de mis acusaciones.
La integridad física y espiritual de Eduardo Luis en prisión es responsabilidad del centro penitenciario, y de la DEP, que para eso ocupa un inmenso edificio del Vedado.
Quienes me atendieron tuvieron al menos la honestidad de aceptar que la Seguridad del Estado está por encima de su jurisdicción, puede obrar impunemente y cuando le venga en ganas en la prisión, y obliga a tomar medidas que se supone sean parte del contenido de trabajo de sus directivos. Ellos (así me lo afirmaron) ni siquiera pueden estar presentes en los interrogatorios a mi hijo o a cualquier recluso que se realicen dentro del perímetro del centro.
La suspensión del trabajo que venía haciendo fuera de Toledo 2 desde un año atrás (afirman) no responde a indisciplina alguna cometida por él, sino a una represalia (el sustantivo es mío) del DSE a consecuencia de lo que hace su padre. Se me mintió anteriormente cuando aseguraron que el motivo era la «baja demanda».
Pregunté qué ley, qué resolución del Ministerio del Interior o del Consejo de Estado ampara que un ciudadano que cumple condena de forma ejemplar por un delito común tenga que pagar las consecuencias del obrar «punible» de alguno de sus familiares. No supieron responderme, como tampoco respondieron por qué el expediente digital de Eduardo Luis Fernández Suárez exhibe en su primera página (lo vi con mis ojos) un cuño que reza: REGULACIÓN OPERATIVA, una marca que expresa que el recluso es interés del Departamento de Seguridad del Estado.
Tal impudicia es insostenible además porque yo, Jorge Fernández Era, he sido acosado desde hace un año con detenciones, encierros y amenazas incluidas, sin que la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria me hayan abierto expediente judicial por «delito contrarrevolucionario» alguno.
Los dos oficiales de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios que me atendieron intentaron tranquilizarme con que mi hijo no sería trasladado, tal y como han prometido los susodichos agentes que me atienden, a una cárcel de máxima seguridad de Guantánamo u otra provincia. No puedo confiar en ello, dado el grado de sumisión que demuestra la DEP ante un grave hecho violatorio de las leyes y de la propia Constitución.
Mi denuncia la expresé verbalmente y la hice constar al dorso de la respuesta: la Dirección de Establecimientos Penales del Ministerio del Interior brinda su anuencia al actuar mafioso y falto de escrúpulos de quienes pretenden callarme y no tienen moral para discutir conmigo los términos de mi presunta «desobediencia».
Si ser desobediente implica exponer al mundo hechos tan viles como este, tendrán que llevarme a los tribunales y encerrarme definitivamente, y ni aun así lograrán que los muros apaguen mis reclamos.
Con semejante «Seguridad» ningún ciudadano puede sentirse seguro, salvo que se esconda tras la mentira y el miedo. El orden interior de una sociedad que alardea defender los preceptos martianos y humanistas no puede ser asegurado por una caterva de esbirros y cobardes que utilizan métodos como los denunciados por mí desde hace meses.
Los funcionarios del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, del Consejo de Estado, del Partido Comunista de Cuba, del Ministerio de Cultura, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Fiscalía General de la República (todos están al tanto de mi situación y no hacen sino virar la cara o aplaudir la injusticia, si es que ellos mismos no imparten las órdenes) son cómplices de lo que ha pasado, pasa y pasará con mi hijo, con mi familia y conmigo. Pero ya ustedes los verán firmando el Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana.
