Redacción Internacional
Madrid.- Varias organizaciones agrarias españolas anunciaron este martes movilizaciones en todo el país para pedir cambios en las políticas de la Unión Europea, un plan de choque del Gobierno español y actuaciones de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el campo, además de paralizar los acuerdos con Mercosur, Chile y México.
Las tres organizaciones agrarias mayoritarias españolas –Asaja, COAG y UPA- anunciaron en un comunicado su acuerdo para iniciar protestas a escala regional en las «próximas semanas«, sin precisar fechas.
El campo español se suma así a las acciones conjuntas de los agricultores de países como Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia o Rumanía, una decisión que las organizaciones justificaron por «la frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas» al campo español.
Los representantes agrícolas y ganaderos solicitarán al Gobierno «soluciones inmediatas» para abordar los problemas derivados de la sequía, la guerra de Ucrania, la Política Agraria Común (PAC) y cuestiones laborales.
Este martes surgieron ya las primeras manifestaciones esporádicas en algunos lugares de España: en Extremadura, una treintena de tractores participaron en una marcha entre las localidades de Azuaga y Llerena; mientras que otro grupo de agricultores y ganaderos se manifestó por las calles de Zamora tras haberse movilizado a través de grupos de WhatsApp y redes sociales.
Estos canales, como Telegram y Tiktok, están siendo empleados por numerosos productores que, desvinculándose de las organizaciones agrarias, están organizando tractoradas y manifestaciones a lo largo de todo el país para el 6 de febrero, según los mensajes a los que ha tenido acceso EFE.
En Cataluña, el sindicato Unió de Pagesos ha programado para el 13 de febrero marchas y cortes de autopistas, así como otras acciones en el Puerto de Tarragona, con la intención de llamar la atención sobre la crisis del sector y criticar las importaciones.
Y a principios de enero, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ya convocó una tractorada el 21 de febrero frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid.
«Hipocresía» de las políticas y rechazo a los acuerdos
En relación con la UE, las tres organizaciones agrarias denunciaron la «competencia desleal» y la lucha de los agricultores frente a un mercado «desregulado» que importa de terceros países «a bajo precio» y con normativas desiguales, «una contradicción e hipocresía» que pone en jaque «la viabilidad de miles de explotaciones».
Por ello, reclamarán que se paralicen la ratificación de los acuerdos con Mercosur y Nueva Zelanda y las negociaciones con Chile, México, Kenia, India y Australia, así como que aumenten los controles a la importación de Marruecos.
También protestarán por la actual Política Agraria Común (PAC), cuya campaña 2024 empieza precisamente el 1 de febrero, y pedirán que se «flexibilice» y «simplifique», pues el campo considera «inasumibles» su burocracia y sus costes ambientales.
A nivel nacional, exigirán la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales, con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción.
También exigirán a Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio de la UE.
Los agricultores también pedirán a las comunidades autónomas «reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo».
Otra demanda será un presupuesto «reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías» y fenómenos meteorológicos adversos, al igual que medidas para favorecer la incorporación de jóvenes a la profesión.
Las protestas están inspiradas en los de los agricultores franceses, que mantienen este martes los bloqueos en autopistas de acceso a París y otras rutas.
El Gobierno espera que Francia mueva ficha
Mientras, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este martes que el restablecimiento de la calma en las carreteras depende de lo que haga el Gobierno francés para aplacar las manifestaciones de los productores.
En declaraciones a la prensa en Madrid Fusión, Planas admitió que en este momento «la situación es difícil» y que, «mientras no logre el Gobierno francés restablecer el acuerdo con quien está manifestándose, lógicamente va a afectar a todo el tráfico, no solo en el seno de Francia, sino con destino a otros países europeos».
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, insistió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que «no hay ventajas competitivas» entre los países de la UE, después de que Attal hablase de competencia desleal por los productos importados de España y otros países europeos.
Alegría ha reclamado que se respeten los bienes españoles a su paso por Francia, donde algunos cargamentos agrícolas están siendo asaltados.
Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) lamentó lo que considera una «falta de respuesta» del Gobierno español, ya que las pérdidas económicas ascienden ya a unos 12 millones de euros diarios, sin contar con los daños materiales y las situaciones de tensión que viven los transportistas.
Diferencias entre países
En la cumbre europea extraordinaria de este jueves en Bruselas, Macron planea exigir una modificación de la política europea para poner fin al barbecho obligatorios, limitar las entradas de productos de Ucrania y poner fin a los acuerdos de libre comercio con otros bloques económicos.
El campo español comparte muchas de esas razones, aunque existen matices y diferencias entre países.
España, por ejemplo, dispone de una ley de la cadena alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, y mantiene la exención al gasóleo agrícola, algo que está pendiente en Francia.
La agricultura de la UE se rige por la misma política fitosanitaria, unas normas que los productores y gobiernos de España y Francia quieren que se apliquen también a las importaciones de terceros países.
No obstante, difieren las posturas en otras cuestiones, como los acuerdos con el Mercosur y Marruecos y respecto a Ucrania. (EFE)
