Por Joel Fonte
La Habana.- Estado de Derecho no es la simple existencia de normas legales en un Estado constituido: es la limitación del Poder a través de la Ley; el derecho controla al Poder y no a la inversa.
El Poder no tiene autonomía, impunidad en un Estado de Derecho, que es así aquel donde impera la democracia, porque la Ley lo ata, lo sujeta, lo controla, y el Estado no rebasa al ciudadano, no lo esclaviza.
Se limita al Poder a través de la Constitución, de las demás normas jurídicas de distinto rango que de ella se derivan, de las instituciones que integran la estructura del Estado, dentro de él, y fuera de él por la ciudadanía misma organizada a través de la sociedad civil, y que velan todos porque ese Poder del régimen político establecido, sea de funcionamiento, autoridad y alcances coherentes, armónico con los intereses públicos y privados, y no desbordado, ilimitado.
El Estado de Legalidad, por su lado, es aquella situación político jurídica en la que una sociedad está controlada por leyes nominalmente existentes, vigentes y de cumplimiento obligatorio, pero que no controlan al Poder, sino que lo validan, lo justifican.
Aún así, en un Estado de Legalidad pueden prevalecer instituciones propias de un régimen democrático formal, porque todavía no se llega a ese Poder ilimitado total, propio de las dictaduras, de los regímenes autocráticos, donde las leyes son simplemente una construcción formal que el dictador pisotea venalmente, a su antojo: para el dictador no hay límites a su autoridad, a su voluntad errática.
Así pues, en ese esquema de sociedad anómala, controlada por el autoritarismo, por la visión totalitaria de un hombre que apoyado en una élite -que admite y tolera solo porque le es necesaria- desconoce la voluntad de los gobernados, como la cubana, el derecho no limita al Poder, sino que lo refleja, lo autentica, porque las normas son vacías, estériles, solo un pretexto de legitimación: no existe en consecuencia Estado de Derecho como tampoco Estado de Legalidad, porque el resultado del Poder es la violencia a través de esas normas, es la imposición de una voluntad por sobre -y con desprecio de ella- la razón y el deseo colectivos.
Solo sobre la base de estos presupuestos teóricos, y sobre todo de la avasallante y cruel realidad que vivimos los cubanos, puede entenderse entonces que el imperio de los Castro, la dictadura más prolongada del hemisferio occidental en la era moderna, persista y sea aceptada como «normal» por millones de hombres y mujeres sometidos a su represión e inmovilizante propaganda de manipulación.
Y es que no hay en Cuba siquiera una dictadura tradicional, donde el déspota, dueño de la nación, es reconocido como tal. No; en Cuba se está ante un dictador que impone esa voluntad desde las sombras, y solo ante la obvia fractura de su régimen, de su cada vez más manifiesto colapso, se ve obligado a hacer pública su amenazante fuerza, como en días recientes.
Y es que en esa Constitución impuesta a su capricho y semejanza en el año 2019, a lo largo de sus 229 artículos, desde su Preámbulo hasta sus Disposiciones Finales, no hay un solo precepto que justifique que ese señor siga actuando como el dueño del país.
Visto así, en retrospectiva y con un enfoque de síntesis, a los pueblos que sufren esas deformaciones morales que hacen metástasis cancerígenas en sus vidas y libertades, les es absolutamente dado el derecho a la protesta, y hasta a la rebelión, por encima de cualquier norma estrecha e impuesta que lo prohíba, contra quien usurpa, quien pisotea sus derechos legítimos.
Ese déspota, ese dictador, se lo negará, criminalizará la protesta, la rebelión, y procurará cerrar cualquier puerta que libere la energía acumulada de la nación, y hasta terminará ahogandola en sangre si no le queda más recurso, pero acabará cayendo.
Porque desde los imperios de la antigüedad, hasta hoy, ningún pueblo es eternamente esclavo: la libertad es el estado natural de los seres humanos.
Un Hombre que no se atreve a decir lo que piensa, no es un Hombre honrado. No más temor. No más dictadura en Cuba.
