Por Carlos Heredia Reyes ()
Gotemburgo.- En mis años de existencia, puedo mencionar sobre dos de los varios encontronazos que tuve con las autoridades policiales cubanas. En ambas salí ileso, afortunadamente, por mi posición en el sistema.
El primero ocurrió en la segunda mitad de la década de 1980. Ese día, fui detenido del modo más arbitrario y conducido a la primera unidad de Picota, en la Habana Vieja. Allí, luego de identificarme, fui liberado inmediatamente. Un amigo, oficial de la Seguridad del Estado, me dijo luego, «tú eres un comemierda, allí te hubieran partido el culo y no habría pasado NADA».
La segunda ocurrió cerca del año 2000. Transitaba en mi auto con unos amigos suecos. La policía me detuvo a la entrada del túnel de la Bahía y sin más explicaciones me impusieron una multa. Al día siguiente me presenté ante el jefe de Cuba y Chacón, un coronel en aquel entonces. Me explicaron que existía una resolución que establecía que cualquier ciudadano cubano que llevara extranjeros en un auto privado, sería multado.
Como justificación, me mostró cartas de distintas empresas estatales de renta que explicaban como sus emprendimientos había sido vulnerados por la actividad de boteros ilegales. Le pedí múltiples veces saber qué resolución lo establecía y quién lo había firmado sin que se dignara a aclararlo.
Establecí una queja ante el Departamento de Atención a Derecho Ciudadano de la Fiscalía de Ciudad de La Habana. Cursé quejas al Partido Provincial de la ciudad y logré, con el concurso de otros colegas, un encuentro con el general de brigada García Entenza, entonces jefe de la DG PNR.
Jamás se aceptó publicar tal resolución ni aclarar qué instancia o quien la había establecido. Recuerdo que en la fiscalía dos fiscales se quejaron (a modo de confesión entre revolucionarios) de que a veces ellos, por órdenes del Partido, debían hacerse de la vista gorda ante violaciones de ese tipo.
A pesar de que registré oficialmente mi queja, nunca fue procesada y mucho menos respondida.
Finalmente, del mismo modo en que se puso, fue retirada la multa, sin explicación alguna. Por eso no me sorprendieron en los más mínimo, tantos años después, las afirmaciones del presidente del Tribunal Supremo Popular, cuando habló de los «perros dentro del tabaco».
Tampoco me asombran ahora las palabras que Alina Bárbara López Hernández expone en boca de la fiscal actuante en su juicio. En Cuba la legalidad la interpreta el Partido a conveniencia. Es su verdad, en tanto es su legalidad.
