Por Alina Bárbara López Hernández
Matanzas.- Yo acuso: Ante la opinión pública cubana e internacional a los órganos de Seguridad del Estado, específicamente al General de Brigada del Ministerio del Interior Alejandro Castro Espín, Director de Inteligencia y Contrainteligencia de los Servicios de Seguridad del Estado y Secretario de Defensa y Seguridad Nacional de la República de Cuba, como máximos responsables de los atropellos e ilegalidades que se cometen diariamente en mi país contra una ciudadanía indefensa a la que impiden el ejercicio de sus derechos.
Durante todo este lunes se ha realizado una redada contra numerosas personas a las que han citado a estaciones de la policía, amenazado y colocado agentes fuera de sus viviendas con el fin de que no puedan salir de ellas.
Este atropello ha sido contra ciudadanos decentes que no han violado ley alguna. Han llegado al punto de incautar carnets de identidad y chantajearlos conque si salen sin ellos los detendrán por estar indocumentados. Dejar a ciudadanos indocumentados es un delito que puede ser denunciado en Fiscalía.Entre las personas amenazadas hay hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes, universitarios y trabajadores, blancos y negros; católicos, masones, un ortodoxo y otros sin creencias religiosas; heterosexuales y representantes de la comunidad LGBTI; personas de ideas socialistas y de otras preferencias políticas, en fin… un microcosmos representativo de la ciudadanía cubana.
A algunos le han dicho que yo «planifico un desorden público» y que ellos «tienen el derecho de impedir que ocurra». Esto me hace recordar al teniente coronel de Seguridad del Estado Rogelio Cuesta Aragón, que el 14 de junio me dijo que tenían pruebas sobre mi participación en una conspiración financiada desde Estados Unidos para organizar y encabezar un golpe de Estado contra el gobierno cubano. Ese fue el mismo oficial que el 6 de septiembre tuvo la desverguenza de ofrecerme un «criterio de oportunidad» para no ir a juicio dada mi «escasa lesividad social», en lugar de ofrecer disculpas por sus calumnias.
Además, desde ayer están instalando equipos en los postes de telefonía fuera del Tribunal Municipal de Matanzas donde se celebrará el juicio en el que soy acusada por el delito de «desobediencia». Imagino que serán inhibidores de la conexión a Internet y cámaras para monitorear.
La verdadera causa de tanta represión y precauciones es el miedo. Pero los tranquilizo: nunca he convocado a nadie a manifestarse ni a crear desórdenes. A diferencia de ustedes, creo en la responsabilidad individual y ética de las personas. También creo que en Cuba vivimos un nuevo momento histórico y que una crisis no es tal hasta que los actores sociales no toman cuenta de ella.
La cuestión que está en juego ahora no es «si hay» que cambiar, sino «cómo hacerlo».
