Por Alina Bárbara López Hernández ()
Matanzas.- En la tarde de ayer mi abogada me comunicó que había recibido un nuevo Auto del Tribunal Municipal de Matanzas que resolvía cambiar la fecha del juicio. Según la jueza Adahara Ana Guillermo Prado:
«(…) atendiendo a la coincidencia de varios actos judiciales en la persona de la jueza ponente del asunto para el día que estaba señalado, y en correspondencia con lo establecido en el artículo 39 de la vigente Ley del Proceso Penal y lo previsto en la Instrucción 93 de 1980 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular relativa a la suspensión, anulación y traslado de los juicios orales, resulta procedente anular el señalamiento y se resuelve como sigue:
Decisión del Tribunal:
Se anula el acto de juicio oral dispuesto para el día 16 de noviembre de 2023 en el juicio 33 de 2023 por los fundamentos antes expuestos y se señala nuevamente para el 28 de noviembre de 2023 a las 9 y 30 de la mañana, en la sede del Tribunal Municipal de Matanzas.
Cítese nuevamente los testigos y demás partes del proceso.
Haciéndole saber a las partes, que de mostrar inconformidad con lo dispuesto, pueden interponer recurso de súplica, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación».
Es evidente que el cambio de fecha se debe, no al pretexto vacuo de la coincidencia de varios juicios en la misma jueza, sino a que, con la torpeza y falta de previsión habituales, se había hecho coincidir el juicio con el día en que el Estado cubano rinde cuentas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Está claro que tal coincidencia podía crearles roces internacionales ahora que varios organismos se han preocupado por este caso. Súmese a ello que en las próximas semanas visitará Cuba un enviado de la Unión Europea para analizar el tema de los derechos humanos.
Es más que obvio que la posposición del juicio intenta que los visitantes no encuentren un escenario tenso. Además, en la estrategia propia de Seguridad del Estado, se intenta «enfriar» un poco el asunto para que las personas se saturen con el tema y pierda visibilidad.
Desde el día 14 de junio fui instruida de cargos por el supuesto delito de «desobediencia». Según la Ley, desde la instrucción de ese cargo, que tiene un marco sancionador breve, hasta el acto de juicio deben transcurrir 90 días. Sin embargo, pronto se cumplirán cinco meses y ahora vuelve a cambiarse una fecha que fue acordada más de un mes atrás.
Durante esos cinco meses he tenido aplicadas dos medidas cautelares: reclusión domiciliaria y regulación. No he podido salir de la ciudad, no puedo dormir fuera de mi casa, mi hija viajó al extranjero y no pude despedirla en el aeropuerto, mi padre cumplió su primer año de fallecido y no pude ir al cementerio de Cárdenas donde está sepultado, necesité viajar a La Habana por cuestiones profesionales y se me negó por el tribunal la solicitud que hice mediante mi abogada.
Yo he respetado la ley. Pero no estoy dispuesta a ser burlada y escarnecida. Por tanto, igual que hizo la jueza, resuelvo:
-Solicité vacaciones (que tengo sin disfrutar) para el período comprendido entre el 16 y el 28 de noviembre.
-Durante esa jornada de 12 días realizaré actos diarios de protesta pacífica en diferentes lugares de la ciudad de Matanzas.
-Me trasladaré a La Habana durante alguno de esos días.
Comprendo perfectamente lo complicado que puede ser este caso para cualquier decisión que se tome por parte del tribunal: si me exoneran se enviará un mensaje de empoderamiento ciudadano, si me condenan tendrán que asumir un costo político en un momento de franco desgaste.
Esa no es mi responsabilidad, fueron ustedes los que apostaron desde el inicio por la arbitrariedad y el atropello, por desconocer sus propias leyes. De modo que ahora tienen que afrontar las consecuencias.
No importa que cambien el número del juicio para que no sea el 33 (tiñosa en la charada), aun así este proceso será un ave de mal agüero. Y no para la parte acusada.
