Por Jorge Fernández Era ()
La Habana.- En estos días he tenido que caminar bastante haciendo mil gestiones. Es impresionante constatar cómo cambia la geografía de la ciudad para mal, cómo el paisaje deja de ser paisaje y la propia naturaleza es restringida a menos árboles y más matorral. Debiera aplaudir que abandonados locales sean convertidos en vivienda, pero cuando la intervención se hace a la buena de Dios el resultado es horroroso a la vista pública y no hace sino confirmar hasta dónde se margina nuestra existencia. Tienen que haber emigrado muchos arquitectos como para creer que no haya equipos de proyectistas que conviertan esas instalaciones en hábitats que nieguen el sentido de almacenamiento humano que prima en medio de una situación crítica de la vivienda.
Me ha dolido ver la antigua pizzería Sorrento (Calzada de Diez de Octubre esquina Santos Suárez) devenida «llega y pon» después que la Empresa de Gastronomía la abandonó a su suerte. ¿Era tan engorroso invertir, intentar salvarla, ahora que apremia mantener o crear servicios que ayuden a recoger circulante, con esta inflación que nos desinfla?
Cuando escribí «CASI» estaba lejos de pensar un panorama tan desolado en esa calzada que ha acompañado mi vida durante más de sesenta años y que hoy devela una inmundicia visual preocupante y cada vez más irreversible.
CASI
El ahorro sería considerable, la repercusión popular inmensa. Rebajar del arca estatal más de un tercio del presupuesto destinado a la construcción de viviendas significaba un desvío financiero hacia otras áreas no menos sensibles, además de contar con unos 10 000 habitáculos ya edificados cuya reparación y mantenimiento correría a cargo de la propia población. De tal forma, a partir de su publicación en la Gaceta Oficial quedaría oficializada la disposición primera de la cláusula cuarta de la segunda reunión de la Comisión para el Aseguramiento de Soluciones Inconclusas (CASI), que resolvía inhabilitar 18 631 locales pertenecientes a ministerios, organizaciones de masas, asociaciones, sociedades, grupúsculos y corporaciones para su entrega inmediata a familias damnificadas por eventos meteorológicos y por otros eventos, reuniones y congresos que nada habían resuelto hasta el presente. A partir de esa fecha, las familias alojadas en albergues de tránsito no tendrían que albergar la menor duda de que sus casos serían priorizados.
Eso sí: el Estado se vería en la imperiosa necesidad de destinar 8 631 locales a las oficinas que en todo el país acogerían a los 25 000 funcionarios capacitados para organizar la entrega de forma justa y ordenada.
