CALIFICAR DE DELINCUENTE A UN JERARCA DEL CASTRISMO NO CONSTITUYE DESACATO

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Por Joel Fonte

La Habana.- Desacatar, en la norma penal cubana, es calumniar, es injuriar, difamar a un funcionario que ejercita sus funciones con rectitud; es procurar despectivamente restarle autoridad a ese sujeto público, y de ese modo cuestionar al aparato de Poder que representa.

Pero si lo que usted persigue es denunciar la verdad, la desviación amoral y desvergonzada de ese sujeto de la autoridad del cumplimiento cabal de sus obligaciones, y el consecuente perjuicio que le genera esa autoridad indebidamente ejercida al interés colectivo, pues el actuar de usted no constituye delito.

Usted, por el contrario, -en una sociedad sana, coherente, que no aplauda ni premie la doblez, la mentira- debería ser aplaudido.

Pero Cuba ha sido hundida desde hace más de 60 años en el repulsivo mar de la simulación social. La han hundido aquellos que debieron salvarla de todos los vicios: los que ostentan el Poder. Solo así puede entenderse que unos delincuentes, unos bandidos de cuello blanco, asesinos de la verdad, tengan que ser acatados, respetados mientras se ríen en el rostro de una nación entera.

¿Cómo puede un ministro de economía pedir «confianza», pedir «esfuerzo», a estas alturas? ¿Qué dignidad puede tener un sujeto cuya gestión es la perfecta definición de incompetencia, y no solo permanece en el cargo, sino que lo hace hasta con arrogancia?

Sabemos, sin embargo, que no es el ministro el victimario mayor; es el régimen castrista que convirtió en Ley todas las aberraciones que nos han llevado a este lodazal social, económico, moral. Si esos ministros vitalicios e inútiles están ahí, si un presidente de papel viaja por el mundo con su familia gastando millones como un jeque árabe, mientras el pueblo que finge gobernar muere de hambre y huye espantado a cualquier sitio del orbe; si el hermano menor de los Castro ha dado continuidad al legado de controlar a Cuba como una granja familiar, es porque ese castrismo enfermo le arrancó al pueblo todos los medios democráticos para demandar sus más legítimos derechos y el inmovilismo ha hecho metástasis en el cuerpo de la nación.

Por eso en Tapachula, en Estados Unidos, en Suramérica o hasta en un país del Golfo los cubanos alzan la voz y se sienten ciudadanos con derechos. Por eso protestan en cualquier remoto lugar del mundo, y no lo hacen en Cuba.

Pero recordemos siempre -y hoy debemos tenerlo más claro que nunca- que una actitud cívica implica rebeldía ante las injusticias; que civismo no puede ser cobardía, y que cuando a un pueblo se le roban sus derechos es lícito y moralmente una obligación exigírselos y hasta arrancárselos al ladrón.

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