Por Jorge Fernández Era ()
La Habana.- El 2 de julio, hace hoy setenta y ocho días, hice pública la carta firmada por más de seiscientos intelectuales y personas de buena voluntad de todo el mundo a favor de que se supriman las dos medidas cautelares que sobre mí pesan desde el 6 y el 28 de abril: prohibición de salida del país y reclusión domiciliaria.
La primera de ellas ya hizo mella sobre mis derechos: el 14 de junio me vi obligado a renunciar a la invitación que me hizo una editorial española para participar por espacio de un mes en una serie de presentaciones de dos libros editados por mí y del volumen de cuentos humorísticos que la Editorial Guantanamera (Valencia) me publicara en el 2016. Es de suponer que prohibición semejante, ya vejatoria de un derecho humano, sea aplicable a personas que cometan delitos muy graves, no a alguien que simplemente se niegue a asistir a dos citaciones que violan la Ley de Proceso Penal y, por extensión, a pagar una multa que se le impone por ejercer otro derecho que le brinda la propia ley.
La segunda medida cautelar, la de prisión domiciliaria, la he desafiado y la seguiré desafiando mientras algún agente judicial no me demuestre que con ella no se busca otra cosa que mantenerme en casa y renunciar a mi derecho a manifestación. No tiene asidero jurídico ni moral obligarme a un encierro por espacio de un año con el objetivo de una «investigación» que no se hace ni se hará, pues saldrían a relucir violaciones a la ley y a la Constitución cometidas por miembros del Ministerio del Interior. Ninguno de ellos abogará, en caso de que se anulara mi causa, por devolverme los meses perdidos ni por resarcirme por daños y perjuicios.
No puedo aceptar una medida extrajudicial que limita mis derechos por espacio de doce meses —ya se han cumplido casi cinco—. Soy víctima de la impunidad con que la Fiscalía obvia mis legítimas reclamaciones, cuando es el órgano que, supuestamente, debe velar por la defensa de la legalidad.
La última información proporcionada por el oficial instructor es que mi expediente se encuentra en la Fiscalía Provincial, institución que, sospechosamente, declaró a principios del mes de febrero que no tenía absolutamente nada que ver con mi caso. A una causa que inicialmente era por el delito de «desobediencia» se le han sumado las acusaciones de «llamado a manifestaciones callejeras», «irrespeto a los líderes de la Revolución» y «difamación sobre oficiales del Ministerio del Interior». Puede que la redacción no sea exactamente esa, pero una peculiaridad del proceso judicial a que se me somete es que no he recibido ni un solo duplicado de los múltiples documentos que obran en mi contra.
El 24 de julio presenté copias de la carta de solidaridad (ver en anexos tres de ellas; las demás son similares) dirigidas directamente a Ricardo Ronquillo (Unión de Periodistas de Cuba), Alpidio Alonso (Ministerio de Cultura), Luis Morlote y Alberto Marrero (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), Randy Alonso (Cubadebate) y Alfonso Noya (Instituto de Información y Comunicación Social). Con posterioridad, el 11 de agosto, hice ídem con Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Esta última entrega puede calificarse de «puro trámite», pues es conocida la subordinación de los funcionarios antes mencionados a las directrices que emanan de tan magno recinto: recibir el documento y llamar a Polanco para preguntar qué hacer con él deben haber sido dos acciones casi simultáneas. De todas formas, y para que no se diga que no coopero, me ajusté a los veinte días hábiles que tiene Polanco para contestarme según la propia Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado, veinte días hábiles que se cumplieron el pasado lunes 11 de septiembre.
Es de esperar el subterfugio de que mi reclamación pasó a las instancias «implicadas», léase Ministerio del Interior, Seguridad del Estado, Policía Nacional Revolucionaria o Fiscalía General de la República. Como no ha habido una respuesta directa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba a quien le compete analizar por qué a un periodista e intelectual miembro de la Uneac se le somete a dos medidas cautelares y se le instruye de cargos por escribir, expresarse y ejercer su derecho a la protesta, me pararé en manifestación pacífica, como vengo haciendo desde abril todos los días 18. Esta vez será a las 4:00 de la tarde y por espacio de una hora, pero en la Plaza de la Revolución, frente al monumento al héroe nacional cubano José Martí.
Ni Morlote ni Alpidio ni Ronquillo ni Randy ni Noya ni Marrero, mucho menos Polanco, están por encima de las obligaciones que, como servidores públicos y funcionarios del Estado les corresponde hacia cualquier ciudadano que acuda a ellos utilizando los mecanismos estipulados por las propias instituciones gubernamentales. Hacer caso omiso de mi pedido no hace sino demostrar hasta dónde la doble moral, la corrupción y la falta de ética y principios revolucionarios carcomen a una sociedad que se proclama la más justa de todas las sociedades posibles y su gobierno se erige defensor de los derechos de buena parte de la humanidad, cuando no es capaz ni de defender la humanidad de sus propios derechos.
Si existe causa que justifique juzgarme como a vulgar delincuente, no debían temer a la discusión franca, al debate, al intercambio de ideas. No es un deber, es una obligación. Están ahí para eso.
Agradezco a los amigos que se preocupan por el hecho de que aún no haya designado abogado. No lo he hecho ni lo haré. En los casi siete meses que dura ya mi enfrentamiento al autoritarismo desde que la Seguridad del Estado me citara por primera vez, he tenido suficientes pruebas de la impunidad con que obra el Estado cubano para pasar por encima del Derecho y reducir a basura a todo el que le resulte incómodo. Es lo que también pretenden con mi amiga Alina Bárbara López Hernández y con los cientos de personas que hoy están tras las rejas por ejercer su derecho a la protesta. Resulta vergonzoso que la Uneac, asociación a la que pertenecemos Alina y yo, se haga cómplice de semejante atropello y no tome cartas en el asunto de que dos de sus miembros estén regulados migratoriamente y bajo régimen de prisión domiciliaria.
Que se preocupen Polanco, Ronquillo, Alpidio, Morlote, Marrero, Randy y Noda por defenderse de la historia si insisten en su silencio. Ocúpense de buscarse abogados aquellos que aniquilan los sueños de justicia de una nación, los que imponen sus designios dictatoriales y reducen a cero las voces críticas, los que hacen y deshacen sin tener que rendir cuentas ante tribunal alguno.
Si finalmente vuelven a detenerme y me juzgan, asumiré la pena que me impongan con el orgullo de que no he callado la boca, consciente de que nunca seré más honrado, más cubano, más libre.
